El Dr. Héctor Grisanti Luciani (Río Caribe, 1926; Caracas, 23-02-2019), profesor universitario y exmagistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, siempre mostró admiración por el presidente Eleazar López Contreras, durante cuyo mandato (1935-1941) no solo se inició la transición a la democracia, sino que, a su juicio, se instauró el Estado de Derecho en Venezuela.
No puede existir democracia sin un sistema de administración de justicia autónomo, pulcro e independiente. Y fue esta la principal característica del gobierno del general civilista. En su libro Incursiones periodísticas (2004), selección de sus principales artículos publicados en El Universal durante cuatro décadas (editado por su esposa, doña Yolanda Cano Febres-Cordero), Grisanti Luciani dedica una veintena de entregas a la gestión política y jurídico-administrativa de Eleazar López Contreras.
En 1936: apertura del Estado de Derecho I, II y III, el profesor de Derecho Constitucional de la UCAB y la EFOFAC cita la instrucción impartida por el jefe del Estado al ministro de Relaciones Interiores, a propósito de las protestas populares que se suscitaron en febrero de 1936 contra al anterior régimen del dictador Juan Vicente Gómez: “con los medios legales que están a su alcance y dentro del más absoluto respeto a las garantías que otorga nuestra Carta Fundamental, se proceda a que se efectúen esas manifestaciones… dentro de la atmósfera de tolerancia y libertad iniciada y garantizada por el nuevo gobierno”.
En López Contreras y el período constitucional, Grisanti Luciani reseña que, el 25 de abril de 1936, el estadista tachirense propone al Congreso Nacional, la reducción del periodo presidencial, de 7 a 5 años, y en clara evidencia de su talante democrático, se lo aplica a sí mismo y no a su sucesor.
El combate a la corrupción, flagelo tan arraigado en nuestra historia republicana, fue una de las pautas centrales del gobierno de López Contreras. Grisanti reproduce el mandato que le da el fundador de la Guardia Nacional, el Banco Central de Venezuela y la Contraloría General de la República, al procurador de la Nación, Juan José Abreu, para que proceda, dentro del marco de la Ley, a confiscar los bienes del Gral. Gómez y rescatarlos para la nación.
@lxgrisanti
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