Las fotografías publicadas el pasado jueves por la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz por la constituyente es una dramática verificación del asesinato del grupo de venezolanos que comandaba el funcionario Oscar Pérez, quienes llamaban a una rebelión contra Nicolás Maduro.
Pero no son solo fotografías lo que publica la ex fiscal que acompañó al chavismo durante tantos años. Son evidencias, son pruebas, son parte de un amplio expediente bien sustentado de que lo que existe en Venezuela es un régimen que ha asesinado a venezolanos a quienes considera sus enemigos, a quienes disienten. Al igual que el sistema cubano, quien piensa distinto de quienes manejan el país no tienen derechos, incluso, no tienen derecho a la vida.
Ortega Díaz, ciertamente acompañó durante varios años el proyecto chavista, pero conoció alcance de las garras de una ideología. Vivió en carne propia lo que significa disentir hasta el punto en que tuvo que salir clandestinamente de su tierra. Pero no salió con las manos vacías. En su ligero equipaje se llevó la más amplia documentación contentiva de los crímenes cometidos en el período madurista y al lado de algunos de sus colaboradores que la acompañan, meticulosamente ha sustanciado cientos de casos que hoy son base en procesos en los tribunales internacionales.
Como ella misma lo señaló, “Este registro de más de 300 fotos, irá acompañando de un informe forense que certifica la ejecución de este grupo de venezolanos a manos de funcionarios y paramilitares que sirven a la tiranía. Ya conversé con algunos familiares de las víctimas antes de esta publicación”.
“También tenemos pruebas contundentes que de las dos personas de colectivos que murieron durante el hecho fueron asesinadas por sus compañeros del FAES, quienes ejecutaron la masacre por órdenes de Nicolás Maduro.”
En efecto, las imágenes muestran que el equipo de la fiscalía en el exilio está en poder del levantamiento que se hizo de las, asesinadas con tiros de gracia, luego del ataque con armas de guerra y a pesar de que intentaban entregarse, tal como se demuestra en las transmisiones de las víctimas a través de sus celulares..
Este expediente elaborado con rigurosidad por la fiscal Luisa Ortega es quizás una de las acusaciones más contundentes que se han presentado en los últimos años vinculados a las violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad que pesan sobre el régimen de Maduro.
También puede considerarse como un duro golpe que le aplica la fiscal desterrada a Nicolás Maduro en momentos en que 52 países desconocen su gobierno sobre el que pesan investigaciones de constantes violaciones a los DDHH, corrupción y lavado de dinero.
El aislamiento de Maduro y la presión internacional ha conducido a maduro y el entorno que maneja el poder a tomar acciones cada vez más severas contra quienes disientes y en contra de la libre expresión. La reciente detención del periodista Luis Carlos Días es una muestra de esa corriente radical que no se conmueve frente a la crisis humanitaria que se genera a la vista del mundo, pero que se niega desde el régimen.
La severidad contra la disidencia interna en partido y en la fuerza armada es una constante que se ha repetido en la historia de los sistemas comunistas totalitarios. En Cuba eran fusilados y ahora son enterrados vivos en las mazmorras; en la Europa comunista del Este eran ahorcados y en la Unión Soviética desaparecidos o asesinados, tanto los disidentes como sus familias. En Venezuela han optado por una variedad de mecanismos que han estado a la vista del mundo en los últimos años. El caso de Oscar Pérez será un ejemplo emblemático de los años oscuros de una Venezuela en manos del chavismo.
En el caso de Luisa Ortega Díaz, se les escapó al exilio cargada de expedientes.
Twitter:@folivares10
Siguenos en
Telegram,
Instagram,
Facebook y
Twitter
para recibir en directo todas nuestras actualizaciones