El respeto a la ley, revela el acatamiento a valores políticos que se pasean entre la moralidad, la ciudadanía y la cultura política. Dicho con otras palabras, es actuar bajo una actitud que se corresponda con contextos donde prevalezca la coherencia, la verdad y la justicia. Es situarse en aquel espacio cuyas coordenadas teóricas estén en permanente concordancia con la libertad sobre la cual se activa la movilidad social, económica, política, religiosa y cultural del hombre.

Pero una cosa es expresar, declarar o escribir estas consideraciones, y otra muy diferente es llevarlas a la práctica. Para ello, este disertación deberá comprenderse en su mayor extensión. Sin embargo, esto hace ver que respetar la ley es la resultante de dos momentos para los cuales es preciso contar con la mejor disposición de la persona en función de los resultados a ser esperados.

Primeramente, lo relacionado con el cumplimiento expreso y cotidiano por parte del ciudadano quien debe actuar en consonancia con la norma derivada del ordenamiento jurídico. La actitud positiva ante la ley, legitima la legalidad sobre la cual descansa cada precepto. En segundo lugar, está el Derecho como canalizador de las acciones del hombre. Éstas enmarcadas por las posibilidades y oportunidades que las realidades permiten a los fines de propugnar los derechos que le imprimen sentido a su inserción social.

No obstante, debajo de tan significativas y trascendentes condiciones, se hallan encubiertas necesidades e intereses como las razones que determinan el discurrir de la política. Y que, dada la naturaleza social del hombre, individual o colectivo, vienen a verse como obvios afanes o avideces que justifican las decisiones que enrumban la vida política del hombre.

Y es propio que esto suceda por cuanto el devenir del hombre se halla sujeto a la capacidad y necesidad de vivir en libertad. Y aunque la libertad pueda condicionarse por leyes supremas y leyes orgánicas subordinadas a la primacía de preceptos constitucionales, no es propio negarle o limitarle sin razón -por vía jurídica- tan fundamental derecho al ser humano.

Por eso existen las ideologías o doctrinas políticas. Indistintamente de ideologías que choquen con el sentido democrático de la vida en sociedad, bajo ningún concepto se justifican aquellas que limiten las libertades. Menos, si se hace a instancia de criterios o juicios que violen la esencia de la vida. Y aunque el precio de la libertad es alto, cualquier normativa que se valore de ecuánime, bien debe forzarse en forjar hombres con conciencia de ciudadanía, democracia, igualdad, tolerancia y solidaridad.

Justamente, bajo tal rendija, se esconden con o sin razón, todos aquellas ideas que cualquiera puede arrogarse para de así defender, desde su particular trinchera ideológica, su libertad. Y es ahí, cuando en aras de tal reivindicación, se encuentra o se construye la excusa legítima o no para que cada hombre pueda actuar en función de su pensamiento, su esperanza y su proyecto de vida. Sólo que cuando esta realidad no se razona en conciliación con valores morales alineados con propósito de decencia y sanidad política, social y económica, resulta entonces difícil lograr que se respete cualquier trazado normativo que pueda tenerse. Sea de cualquier género jurídico o connotación política. Es así que por encima de cualquier condición, regulación o limitación está ¡primero, la libertad¡

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