La intervención del sector público en la economía, mediante la fijación de precio máximo para el intercambio de bienes y servicios, distorsiona las relaciones entre productores y consumidores al generar un excedente de demanda que se justifica en la oportunidad excepcional que encuentran los demandantes para adquirir mercancías a un precio inferior al determinado por el mercado, al mismo tiempo que los oferentes no encuentran incentivos para llevar a cabo la actividad productiva necesaria para colocar sus productos en los anaqueles. Los bajos inventarios de bienes disponibles en el mercado se racionan y se asignan a los sujetos económicos que estén dispuestos a realizar colas, anotarse en listas, o asumir el costo (en términos de tiempo y dinero), que implica visitar múltiples establecimientos comerciales para identificar el lugar donde existan unidades del producto que se desea adquirir al precio establecido por las autoridades.
En la medida que las personas estén dispuestas a pagar más por la mercancía cuyo precio es regulado, para evitar los costos antes mencionados y asegurar el acceso a bienes escasos, se crean los incentivos necesarios para que se origine el mercado negro: la venta clandestina e ilegal de bienes, productos y servicios, que resulta del incumplimiento del control de precios establecido por el gobierno y el racionamiento generado por su política económica. Es decir, la circunstancia que se presenta cuando la economía reacciona a la intervención del sector público.
Cuando se generaliza el uso de los controles de precios y de cantidades, el intercambio de bienes y servicios termina realizándose por dos vías: 1) a través del mercado formal, limitado en cantidades, con precios fijos y con esquemas de racionamiento para permitir el acceso de la población a los pocos productos disponibles; y 2) mediante el mercado negro, espacio donde el precio de los productos debe compensar a quienes incumplen la ley, pechando a quienes no tienen otra opción para acceder a las mercancías que allí se intercambian. Cada uno tendrá preponderancia en la medida que, por un lado, se intente por ley controlar la economía en una acción pública que siempre termina con el gobierno comprando productos para venderlos a precio oficial; y por otro lado, se facilite a los ciudadanos satisfacer sus necesidades y obtener el mayor rendimiento en el intercambio comercial.
Cuando el mercado controlado por el sector público presenta dificultades para cubrir la elevada demanda de mercancías, aumenta la importancia del mercado negro y las decisiones económicas que en éste se toman terminan influyendo en los resultados de la economía. Por ello, para eliminar el mercado negro el gobierno tiene varias alternativas: a) incrementar la cantidad de producto ofrecido, lo suficiente para cubrir el exceso de demanda; b) eliminar el control de precios y permitir que el mercado ajuste el precio de las mercancías al nivel donde los productores y consumidores logren satisfacer sus necesidades; y c) legalizarlo, permitiendo su funcionamiento como mercado libre separado del mercado oficial.
De las tres opciones, la primera dura hasta que alcancen los recursos del sector público para adquirir mercancías a precio de mercado y venderlas al precio decretado por la autoridad; la tercera constituye un incentivo para comprar barato y vender caro sin violar la ley, debido a la brecha entre los precios que determinan el intercambio en ambos mercados. Sólo es posible eliminar el mercado negro eliminando los controles de precios y permitiendo el surgimiento de múltiples consumidores y productores con capacidad de decisión.
@ajhurtadob
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