En los próximos días se cumplirán 19 años de la aprobación popular de la Constitución, o de lo que queda de ella. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se gestó en circunstancias complejas en el plano político-institucional. La descomposición del sistema de partidos, la incapacidad para acometer cambios dentro de las estructuras de poder imperantes, con el alcance requerido, después de haberlos reconocido como necesarios, el aumento de la pobreza, entre otras causas, desencadenaron una crisis política y social que condujo a muchos a reclamar una transformación en el país, destinada, en lo constitucional, a favorecer la participación de la ciudadanía y de la sociedad organizada en los asuntos públicos; a superar la llamada partidocracia; a robustecer los mecanismos constitucionales de protección de los derechos humanos, con apertura a su garantía internacional, entre otras exigencias, que ya habían sido plasmadas en el Proyecto de Reforma General de la Constitución de la Comisión Bicameral de Revisión Constitucional del Congreso de la República, presidida por Rafael Caldera. Hugo Chávez supo enarbolar estas banderas y añadió otras, y encabezó un proceso de talante revolucionario. Su liderazgo fue determinante en el desarrollo del proceso constituyente de 1999.
Modelo personalista
Sin embargo, la primera década de la vigencia formal de la Constitución de 1999 demostró que el liderazgo mesiánico inicial no se sometió a parámetros jurídico-constitucionales, hasta el punto de que intentó reformarlos en el 2007, para supeditar la Constitución al modelo personalista de gobierno y a la ideología cerrada que terminó propugnando. El carisma no se constitucionalizó, sino que se desbordó, se salió de su cauce.
La Constitución de 1999 ha sido completamente vulnerada por el régimen autoritario que todavía detenta el poder. Es cierto que el proceso de formación de esa Constitución adoleció de serias fallas y que ella requeriría de modificaciones importantes para un pleno desenvolvimiento democrático, pero soy de los que piensan que los problemas fundamentales del accionar institucional de este ciclo político ya agotado se encuentran no tanto en la Constitución cuanto en su incumplimiento.
Régimen autoritario
Los principales pilares que sustentan este régimen autoritario son contrarios a la Constitución: la concentración de todos los poderes en la Presidencia de la República o en la cúpula cívico-militar gobernante; la disolución, por tanto, de la independencia judicial constitucionalmente proclamada y la ausencia de pesos y contrapesos; la represión en diversas modalidades, que entraña violaciones generalizadas o manifiestas de derechos humanos; el bloqueo de la iniciativa popular para los referendos y de la vía electoral en general; la cancelación arbitraria de partidos políticos y la inhabilitación política por un órgano administrativo y con desviación de poder de líderes de oposición; la instauración de un Estado comunal que secuestra en lugar de promover la participación popular y que implica desmantelar el federalismo; la negación de la libertad económica y la destrucción de la economía privada; la degradación de la Fuerza Armada Nacional a la condición de órgano de militancia partidista e ideológica, con la anuencia y complacencia de sus jerarcas; la corrupción desatada ante la inexistencia de controles, y la injerencia de un gobierno extranjero en áreas por lo demás sensibles de la actividad del Estado. Nada de esto tiene asidero constitucional.
Si bien la Constitución de 1999 consolidó la posición del Presidente de la República dentro del sistema de gobierno, al expandir sus atribuciones en el campo civil y militar, prolongar el periodo presidencial y permitir la reelección inmediata, lo que ha ocurrido va mucho más allá del marco constitucional.
Sin Constitución
Es lamentable observar cómo la Constitución ha sido pisoteada por sus principales promotores. Nos han conducido irresponsablemente a un gobierno sin Constitución, que se ejerce por decreto y sin controles. La arbitrariedad y el poder personal han sido entronizados y una camarilla civil y seudo-militar ha dirigido al país hacia un trágico naufragio, en el que prevalecen la corrupción, las violaciones a los derechos humanos y la destrucción de las bases económicas y sociales de la nación. De esta gran devastación quedará al menos como lección que el respeto a la Constitución, a la legalidad y en general a los límites jurídicos sobre el gobierno, con separación de poderes y especialmente independencia judicial, es parte esencial del desenvolvimiento democrático. Hay que empeñarse en dar los pasos institucionales que permitan iniciar de lleno y entre todos esta reconstrucción.
jesusmariacasal@gmail.com
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