Luego del uso recurrente de políticas de precios máximos, donde se insistió en el reconocimiento de los encadenamientos que se dan en los procesos productivos, la identificación de los costos de producción, la definición de un margen de ganancia y el establecimiento del precio justo, la economía venezolana ha llegado al escenario de máximo nivel de incertidumbre acerca del valor de los productos. Al respecto se han desarrollado dos posiciones que mantienen grupos de agentes económicos que insisten, cada uno por su cuenta, en lograr el máximo beneficio por sus actividades. 

Una primera posición sigue con la idea de que la economía es una línea cuya evolución solo puede ser alterada por la modificación de las variables que la determinan; el control de estos parámetros garantiza la adecuada evolución de la actividad económica, y cualquier anormalidad solo exige la actualización del valor dado a las variables que condicionan el comportamiento de los productores, consumidores e inversionistas. Dentro de este enfoque, la solución a todos los problemas económicos del país pasa por lograr nuevos acuerdos con los actores de la economía para definir nuevos valores tanto para precios como en cantidades. El cumplimiento de estos acuerdos asegura la estabilidad del sistema de precios, mientras que conductas alegadas de lo establecido impiden el correcto funcionamiento de la economía. Los defensores de esta posición insisten en establecer precios máximos calculados mediante el análisis de la estructura de costos de las empresas y respetando el margen de ganancia establecido por ley. La dinámica así propuesta ha generado un exceso de demanda de los productos comercializados a precios acordados, desincentivos a la producción y aparición de mercados paralelos. 

Y la segunda posición resulta de asumir los riesgos de evadir la ley para atender la escasez generada por la primera posición. Los actores reconocen la oportunidad de obtener rentabilidad al comprar productos a precios acordados para luego venderlos a precios más altos. Aparece el arbitraje y la especulación como resultado de la elevada incertidumbre que está detrás de realizar una actividad ilegal. Quien participa de esos mercados busca recuperar la inversión, asegurar rendimientos y garantizar los recursos que compensen infringir la ley. Amparados en esto los agentes económicos definen el precio más alto posible para sus productos, sin importar los costos asumidos en el proceso de producción, el precio de la competencia o la capacidad de compra de los consumidores. 

Entre ambas posiciones, y aún por descubrirse, está la solución óptima para la definición del valor de mercado de los bienes y servicios que se comercializan en la economía nacional. Para ello se requiere la libertad para la toma de decisiones, así como claras reglas de juego que devuelvan la confianza a los participantes de una transacción. 

@ajhurtadob