Uno de los actos más infamantes y condenatorios que puede cometer una autoridad de gobierno es el asesinato político. Su naturaleza es absolutamente contraria a las leyes nacionales e internacionales, así como a los derechos humanos. La vida del ser humano es sagrada y se jerarquiza en los ordenamientos jurídicos al ser al mismo tiempo el supremo valor de una sociedad junto a la libertad.
En el asesinato político una autoridad que ha dictado la orden o sus cómplices que lo han ejecutado y aceptado, son los responsables del grave delito realizado contra un opositor de aquélla o del régimen que representa.
La participación en la vida política es uno de los derechos fundamentales de las Constituciones y en razón de ella el ciudadano y la dirigencia deben tener plena libertad de pensamiento, organización, acción, garantías esenciales que obligan al Estado y junto a ellas el derecho a la vida y la dignidad humana.
Un gobierno es y debe ser responsable de la integridad física y moral de sus detenidos independientemente de la causa, y más en el caso de aquellos que le han adversado por razones políticas.
La muerte en detención, cuando la persona se encuentra privada de su libertad y reducida en sus capacidades ante el sometimiento que la autoridad le impone, es uno de los supuestos más graves cuando puede mediar en la misma la materialización de un asesinato político o se estimulan o facilitan condiciones que atentan contra la vida del recluso.
Otros supuestos pueden involucrar este tipo de delitos que pueden cometerse por empleo excesivo de la fuerza en manifestaciones, por atentados cometidos en el exterior, por los actos de grupos paramilitares o de autodefensa como forma de violencia política.
Venezuela ha condenado siempre los crímenes cometidos por razones políticas. No se corresponde a nuestra idiosincrasia tales hechos aberrantes. El respeto a los opositores es lo que distingue y exalta a la verdadera democracia.
@articulistasred
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