Un aparato administrativo atravesado por la corrupción es incapaz de acometer cambios sustanciales en la vida sociopolítica, porque la vena rupturista que pudiera impulsarlo resulta contrarrestada por los convenimientos interesados, las negociaciones opacas, las decisiones subastadas y, en general, por una dinámica de venalidad que generaliza la molicie y las posturas acomodaticias con el status quo. 

Pudiera pensarse que aquélla es, sin embargo, un freno o paliativo frente a medidas represivas o arbitrarias adoptadas por regímenes autoritarios, que no podrían ser revertidas de otro modo. Aquélla sería en estos supuestos como una lava que abre resquicios de libertad comprada en la estructura monolítica de la dictadura. 

Pero el costo de estos intercambios, eventualmente justificados cuando corra peligro la vida o integridad de una persona, es demasiado alto en términos institucionales, ya que la degradación o envilecimiento moral extendido envilece a la sociedad y la hace a su vez menos apta para enfrentar al poder establecido. 

Difícilmente los regímenes autoritarios se derrumban solo por causa de la corrupción propagada o, al menos, no rápidamente. Ciertamente, tanto da al cántaro el agua que lo quiebra, pero este proceso suele ser lento bajo esos esquemas de poder. Experiencias latinoamericanas relativamente recientes, como la de Fujimori en Perú, indican que el conocimiento público de evidencias importantes referidas al soborno de autoridades o a la compra de votos parlamentarios puede ayudar a la caída de estos gobiernos, pero deben concurrir otras circunstancias. En aquel episodio fueron relevantes las serias denuncias, documentadas ante la comunidad internacional, del fraude electoral probablemente cometido con motivo de la segunda reelección de Fujimori, entre otros elementos concurrentes, a lo cual se sumaba la subsistencia de resortes morales en la comunidad que desataran una reacción de indignación nacional. La clave pareciera estar en que la ciudadanía entienda la corrupción de los gobernantes como un factor principal de sus problemas cotidianos y como un ultraje a sus propios derechos, con responsables específicos, no como un hecho fatal ligado a la cultura o los hábitos políticos. 

La corrupción existe en todos los países, en mayor o menor grado, pero cuando se entroniza o convierte en rutina devasta los cauces de institucionalidad y juridicidad, desfigurando al poder judicial, a las fuerzas armadas y a los administradores públicos en los roles que deberían cumplir, y subyuga a los mismos individuos. A veces, aquélla funge como un cemento que unifica a las élites político-sociales y afianza la dominación. 

Un futuro democrático en Venezuela debe asumir como compromiso inderogable la lucha contra la corrupción. La devastación ha sido de tal calado que las soluciones habrá que sustentarlas en las fuerzas espirituales que mueven a una nación en una misma dirección. El adecentamiento de la vida pública es parte esencial de ese desafío, con el Poder Judicial como necesaria vanguardia de la regeneración. Mucho se discute actualmente sobre la reforma de la justicia, con toda razón. La reconstrucción democrática requerirá de un firme acuerdo político y nacional en favor de la independencia judicial. El balance que en este ámbito puede ofrecerse y que hemos tenido en ciclos anteriores, no es positivo. Hoy porque la separación de poderes ha sido liquidada deliberadamente, antes por su fragilidad. Los fracasos acumulados ponen de manifiesto que no habrá cambio sustancial alguno si nos disponemos a cumplir formalmente con las exigencias de la carrera e inamovilidad judicial sin que las organizaciones político-partidistas y el Ejecutivo renuncien a controlar los últimos hilos de toma de decisiones en la administración de justicia. Para lograr la reforma será preciso combinar aspectos de renovación del componente humano con los de diseño institucional. Ingresos por concursos públicos; carrera judicial acompañada de la formación en los temas teóricos, técnicos, prácticos y deontológicos propios del oficio del juez; ascenso por antigüedad y desempeño; autonomía del organismo de gobierno de los jueces, separado del Tribunal Supremo de Justicia, y mecanismos de evaluación y de rendición de cuenta que no invadan la esfera jurisdiccional son algunos de ellos. 

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