En el marco del primer Día Internacional de las Lenguas de Señas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, El 14/11/2017, se proclamó el 23 de septiembre Día Internacional de las Lenguas de Señas, que se observará todos los años a partir de 2018, a fin de promover la importancia de la lengua de señas para la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó recientemente a los Estados de la región a reconocer la lengua de señas como idioma oficial de las personas sordas dentro de su legislación. Lo hace Venezuela en su Constitución de 1999 y en la Ley para PcD. de 2007, pero en la práctica lo incumple.
Asimismo, la CIDH insta a los Estados a promover la lengua de señas a través de la implementación de medidas que garanticen la accesibilidad y la enseñanza inclusiva de la lengua de señas en sus sistemas educativos, promoción de la formación de intérpretes de lengua de señas, y la capacitación de los funcionarios públicos en la lengua de señas.
En el país no se enseña la lengua de señas en el sistema educativo y es una violación a los DDHH de las personas sordas el no contar con intérpretes de LSV en las universidades, en el sistema de salud y justicia, en los servicios públicos y menos el acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación e información, entre otros aspectos.
En los Estados de la región muchas personas son sordas y para ellas la LS es una de las formas que emplean para comunicarse. Cada Estado cuenta con su propio sistema de lengua de señas. Actualmente, 13 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) han reconocido la lengua de señas como lengua oficial de la comunidad de personas sordas dentro de su legislación: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela.
CRBV: Artículo 81 “…Se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolana”.
La CIDH ha observado con preocupación que las personas sordas se enfrentan diariamente a múltiples obstáculos para comunicarse, y esto, implica un serio impacto en el goce efectivo de sus derechos humanos tales como la igualdad ante la ley, la integridad de personas y el acceso a la justicia.
La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las PcD, y la Convención sobre los Derechos de las PcD, disponen que los Estados tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias de carácter legislativo, administrativo y de otra índole para garantizar la plena integración y participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Venezuela ha ratificado ambas Convenciones.
La Asamblea General de la OEA adoptó en su Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y La Dignidad de las PcD, (2016-2026) que los Estados miembros deben eliminar las barreras existentes para el acceso de las personas sordas a los sistemas de educación, salud, comunicación, y transporte, por lo tanto, deben incluir la lengua de señas en las formas de comunicación. En Venezuela se establece lo siguiente:
Ley Para PcD. Artículo 20: El Estado garantizará el acceso de las personas sordas o con discapacidad auditiva a la educación bilingüe que comprende la enseñanza a través de la lengua de señas venezolana y el idioma castellano. El Estado reconoce la lengua de señas venezolana como parte del patrimonio lingüístico de la Nación y, en tal sentido, promoverá su planificación lingüística a través de los organismos competentes. (…!!!)
En el país no existe una instancia de seguimiento y evaluación de lo señalado, en el ámbito Ejecutivo y menos en el Legislativo. Solo algunas ONG como la Confederación de Sordos de Venezuela, y el Observatorio Venezolano sobre la Discapacidad, OVEDIS.
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