La muerte del concejal Fernando Albán en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) vuelve a poner en el debate la grave situación de derechos humanos en los calabozos de ese organismo policial en sus distintas sedes.
En los meses de mayo y julio los presos políticos recluidos en el Helicoide protagonizaron dos protestas denunciando maltratos y torturas.
Igual denuncia han realizado los presos que se encuentran en la sede principal en Plaza Venezuela.
Las denuncias sobre torturas tanto en la sede de este organismo policial como en la Dirección de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) se han incrementado en los últimos meses.
Todos estos antecedentes indican que es probable que el concejal haya sido sometido a torturas y se le haya causado la muerte. Para ocultar los traumatismos causados una alternativa era lanzarlo desde muy alto y argumentar suicidio.
La explicación presentada por el Fiscal de la dictadura y por el gobierno en el sentido que Fernando Albán se lanzó desde el piso 10 no convence. Pareciera que estuviéramos ante otro caso como el del periodista Fabricio Ojeda en 1966 quien fue asesinado en lo que para ese entonces era el organismo de inteligencia de la Fuerza Armada conocido por las siglas SIFA y las autoridades presentaron su muerte como un suicidio. Algo parecido ocurrió con el dirigente político Jorge Rodríguez en 1976.
Desafortunadamente no contamos con posibilidad que se realice una investigación independiente. Ni la Defensoría ni la Fiscalía lo garantizan. No habían pasado sino algunas horas de la muerte del concejal y ya el señor Tarek William Saab estaba afirmando que se había suicidado. Es decir, asumió la tesis del gobierno. Ni siquiera disimuló su complicidad.
No hay duda que en la muerte de Albán hay una responsabilidad del actual director del Sebin, Gustavo González López. La Constitución en su artículo 43 establece que el Estado es responsable de la vida de toda persona privada de libertad. No se garantizó la vida, además en un contexto de violaciones a los derechos humanos desde el momento en que fue detenido. Como máximo jefe de ese organismo policial tenía responsabilidad de garantizar un trato digno como lo establece la Constitución y garantizar la vida.
El Sebin y su director siguen llenando su expediente de graves violaciones a los derechos humanos. La justicia tarda, pero llega.
@marinoalvarado
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