No es un error, no es un descuido. Es una decisión política calculada: el gobierno de Dina Boluarte y un Congreso sumiso han aprobado una Ley de Amnistía que favorece a policías y militares condenados o investigados por graves violaciones a los derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. Mientras las víctimas claman por justicia, el Estado peruano les responde con impunidad y burla.
No es una ley de reconciliación, sino un salvoconducto para criminales, una puerta abierta al olvido institucionalizado. Y lo más grave: el gobierno ha decidido ignorar abiertamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que ordenó suspender su aplicación.
““En caso de que la ley no se suspenda, las autoridades competentes se abstengan de aplicarla, a fin de que no surta efectos jurídicos hasta que la Corte cuente con todos los elementos necesarios y se pronuncie sobre el fondo de la referida solicitud de ampliación de medidas provisionales”
No es casualidad. Esta ley se enmarca en una estrategia más amplia: el copamiento del sistema de justicia, los ataques al Ministerio Público y el intento de convertir al Poder Judicial en un apéndice del poder político. Si los responsables de crímenes de lesa humanidad quedan impunes, ningún ciudadano estará seguro pues se estimula a la actuación arbitraria de policías y militares contra la población..
Quienes gobiernan en Perú están convirtiendo al país en un refugio de impunidad. La historia juzgará a quienes hoy apuestan por el olvido y abren camino para que cometan nuevamente graves violaciones a los derechos humanos. Mi solidaridad con las víctimas y organizaciones de derechos humanos que las han acompañado durante años en el difícil camino de lograr justicia.
En medio de conflictos políticos profundos, las leyes de amnistía suelen presentarse como un mecanismo para superar divisiones, facilitar diálogos y garantizar una paz duradera. Sin embargo, su aplicación es un tema controvertido, como lo ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que ha advertido sobre los riesgos de que estas medidas se conviertan en herramientas de impunidad, especialmente cuando excluyen la justicia para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y favorecen a los perpetradores.
La amnistía no puede ser un fin en sí misma, sino parte de un proceso más amplio que incluya verdad, reparación y reformas institucionales para evitar que se repitan los abusos.
En un contexto como el venezolano una iniciativa de amnistía debe ir acompañada de garantías democráticas: libertad para los presos políticos, cese de la persecución, retorno seguro de exiliados y, sobre todo, voluntad real de no repetición de abusos y cierre de espacios al ejercicio de derechos.
Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado
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