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El millón

JIMENO JOSÉ HERNÁNDEZ DROULERS. Simón Bolívar, al mismo día de enterarse de lo acordado, comunicó al legislativo peruano que rehusaba aceptar semejante dádiva. Se limitó a aceptar una medalla

  • JIMENO JOSÉ HERNÁNDEZ DROULERS

19/09/2018 05:00 am

Se dice que una de las más hermosas y desinteresadas acciones del Libertador fue no aceptar un millón de pesos que, el 12 de febrero de 1825, puso a su disposición el Congreso Constituyente del Perú -como una pequeña demostración del reconocimiento público.- 

Simón Bolívar, al mismo día de enterarse de lo acordado, comunicó al legislativo peruano que rehusaba aceptar semejante dádiva. Se limitó a aceptar una medalla que el órgano mandó a grabar con su busto. Una semana después, el 19 de febrero, los representantes insistieron en su decisión y él rehusó otra vez el donativo, pues -las leyes de su corazón se lo prohibían.- 

Contemplando que no era posible instar al Libertador una tercera vez a recibir aquel obsequio, el congreso emitió un documento en el cual solicitaba -destinar dicho millón a obras de beneficencia a favor del pueblo que le vio nacer y demás de la República de Colombia que tuviere Vuestra Excelencia por conveniente.- 

Al Libertador le conmovió la manera cómo el congreso terminó con aquella -hermosa contienda-. Agradeció el gesto de los ciudadanos del Perú por -no haber olvidado al pueblo que lo vio nacer.- Lo cierto es que jamás quiso modificar la decisión tomada el año de 1825; en su testamento, cuidadosamente redactado antes de su muerte, nada mencionó sobre el millón de pesos ofrecidos por la república peruana, pues no consideraba dicha suma como parte de su patrimonio. 

El tema del millón de pesos quedó sepultado en el olvido durante dos décadas. Fue el 29 de agosto de 1842, tan solo unos meses después de la llegada a Venezuela de los restos mortales del Libertador, que las autoridades nacionales iniciaron un trámite para intentar recibir la suma ofrecida por el congreso de Perú -al pueblo que lo vio nacer.- 

Un grueso expediente pasó a la comisión municipal de rentas de Caracas en 1846 para que informase lo que juzgare conveniente en el asunto. Ésta se encargó de estudiar el caso por un periodo de dos años y, el 11 de diciembre de 1848, rindió, ante la cámara de representantes, un análisis del caso que denominó su “humilde parecer”, un documento en el cual se hablaba sobre los -deseos bien explícitos, tanto de la república peruana como el Libertador, de destinar esa cantidad de dinero a Caracas.- Por ello propuso formular la reclamación respectiva de estos fondos por parte de un órgano del Gobierno Nacional. 

Fue durante la presidencia del general José Tadeo Monagas que, por medio de los doctores Carlos Arvelo y Vicente Mendoza, se propuso nombrar un agente, pagado por las rentas municipales, para que se trasladase a Lima en aras de efectuar el reclamo del millón de pesos ofrecidos al Libertador en 1825. 

El seleccionado para la tarea fue Antonio Leocadio Guzmán. De triunfar en su misión, gozaría del agradecimiento colectivo, cosa que, sin duda, serviría en sus futuras ambiciones políticas; de fracasar, al menos no invertiría dinero de sus bolsillos pues todos los gastos serían cubiertos por sus representados, los ciudadanos de Caracas. Con esos pensamientos empezó a contemplar la idea de un posible contrato entre él y la ciudad para llevar el caso. Al efecto se reunió con miembros de distintas comisiones municipales y luego con la Diputación Provincial; ésta última decretó, el 13 de noviembre de 1851, que Guzmán -tendrá la más plena y universal representación en derecho de la ciudad de Caracas y la Provincia para reclamar a las repúblicas del Perú y Bolivia la entrega del millón de pesos.- 

No solo eso, el decreto además reconocía a Guzmán el derecho a un diez por ciento del millón como honorarios, otro diez por ciento de la suma para costas procesales, y una cantidad de cuatro mil pesos para gastos de viaje y transportes. 

Diligentemente, preparó un expediente en el que mostraba las constancias de parentesco necesarias y tramitaba el otorgamiento de un poder que lo autorizaba para: -pedir, liquidar o cobrar cualquier dinero, haber o haberes que se deba, pertenezca o se reconozca a los herederos de Simón Bolívar.- 

Por ser su esposa, la señora Carlota Blanco y Xerez de Aristiguieta, sobrina de María Antonia Bolívar, hermana mayor del Libertador, se abrían grandes puertas. Dichos documentos contaban con la firma de los herederos, cumpliendo así con las formalidades requeridas por las leyes para su validez. 

Después de navegar hasta el istmo de Panamá, se embarcó del lado del Pacifico con destino a Lima y, el 4 de septiembre de 1852, se presentó frente al Presidente del Perú, general José Rufino Echenique, para exponerle la situación de los miembros de la familia Bolívar en aquellos tiempos y presentarle un petitorio. 

Cuenta el historiador Tomás Polanco Alcántara, entre las paginas de su libro “Guzmán Blanco: Tragedia en seis partes y un epílogo”, que en el mencionado y patético mensaje dirigido al gobierno del Perú, habló el enviado de Caracas sobre: -la viuda “rodeada de hijos a quienes debe educación y porvenir” y “del padre o madre de familia a quienes escasean los medios necesarios”- A estas tétricas circunstancias añadía también el estado de estas personas, alegando que estos debían -conservar en la sociedad una situación independiente, aunque modesta, por el propio decoro del hombre que han heredado.-  

Fue así, que Antonio Leocadio Guzmán cobró vergonzosamente el obsequio del Perú que rechazó el Libertador. 

Jimenojose.hernandezd@gmail.com 
@jjmhd 
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