Un análisis revelaría una respuesta económica más compleja y políticamente importante. La distribución del dinero proveniente de la producción de crudo que produce Chevron, sería aproximadamente como sigue: 50% va al Estado venezolano en forma de impuestos, regalías o participación fiscal. Y 50% lo usa Chevron para pagar sueldos a sus empleados, pagos a contratistas y proveedores que participan directamente en la producción y otra parte se va para pagar dividendos en EEUU.

Esos pagos de Chevron a su vez fluyen en múltiples sectores productivos nacionales: empresas de transporte, seguridad, alimentación, logística, mantenimiento, servicios industriales, y muchos otros rubros. Igualmente, los contratistas pagan sueldos y compran bienes y servicios, generando un efecto multiplicador sobre los mismos sectores como vivienda, alimentos, educación, hoteles, publicidad, seguros, banca, clínicas privadas e importaciones.

Lo mismo ocurre con el 50% que recibe el Estado. Más del 70% de ese dinero se destina al pago de sueldos de empleados públicos, que aunque están mal pagados y son poco productivos hay que pagarlos y estos gastan en las mismas industrias tangentes. Y, además, hasta un 40% de esos ingresos públicos se usa para cubrir necesidades del mercado cambiario, lo que permite cierta estabilidad del bolívar y sostiene las operaciones de cientos de miles de empresas nacionales que dependen de insumos importados.

Desvió de fondos claro que sí hay. Pero ese fenómeno de la corrupción debe ser atacado internamente por nuestros políticos educando al pueblo para que vigile el gasto fiscal o sancionar a los individuos que lo ejercen, no a toda la economía con sanciones al petróleo ni al acceso a los mercados internacionales de capital.

La parte de ese dinero de Chevron que se desvía por corrupción sería mayormente la que va a gastos de infraestructura pública que sí ha tenido sobreprecios históricos y Cadivi que ahora existe en menor proporción, por los niveles actuales de exportación son muy bajos. Y los proyectos de infraestructura hoy son marginales. Incluso buena parte del dinero que se desvía por corrupción termina reinvertida en Venezuela: construcción de viviendas lujosas, consumo local, o incluso reinversión en negocios legales.

Por lo que sancionar a Chevron no es sancionar al gobierno, es sancionar a la sociedad venezolana impidiendo que dentro de las dificultades políticas y de corrupción pueda desarrollar sus proyectos. Cuando se bloquea la operación de una empresa como Chevron, no se detiene al poder político ya que puede seguir vendiendo petróleo a China, Turquía o Irán mediante canales diferentes. Lo que se detiene es el ingreso legal y trazable que alimenta a miles de trabajadores, contratistas, empresarios y comerciantes venezolanos.

El 80% de la economía venezolana actual está en manos privadas. Incluso PDVSA y muchas empresas públicas dependen hoy de alianzas con capital privado nacional y extranjero para operar. Desde la liberalización económica impulsada por el presidente Maduro en los últimos años, el sector privado ha crecido como porcentaje del PIB, debido al colapso de las empresas del estado. Es verdad que las empresas del estado colapsaron por mal manejo y desvío de fondos. Pero la oportunidad de rescatar empresas del estado por el sector privado venezolano se castró debido a las sanciones de EEUU al acceso al mercado de capitales internacional y al petróleo. Las sanciones impiden que los venezolanos accedan a financiamiento internacional, dejando el espacio solo a capitales rusos, chinos, iraníes o turcos.

Esto alimenta un círculo vicioso donde se piden más sanciones al país, que generan más empobrecimiento, lo que debilita aún más la capacidad del cambio político.

Cuba no es como Venezuela. Cuba tiene una economía 90% estatal, donde los salarios los fija y los paga el gobierno. Venezuela, en cambio, funciona con una lógica de mercado laboral de mayor libertad de contratar, donde los sueldos los paga el sector privado —y buena parte del consumo— son definidos por la actividad empresarial.

¿Y si EE.UU. permitiera reestructurar la deuda venezolana? Hoy, Venezuela no estaría en default y los pagos de deuda irían a bonistas privados. Para el cambio político no se necesita sanciones a Chevron, todo lo contrario. El camino a la libertad política pasa por más actividad y libertades económicas, decía Ronald Reagan. Las sanciones de EE. UU. burocratizan y tercerizan las decisiones en la burocracia de Washington, la que tiene otros asuntos que atender.