En el contexto venezolano, el nombre de Chevron se ha convertido en un símbolo más allá de su actividad económica. Lamentablemente, la empresa ha sido arrastrada al debate político como si su permanencia o salida del país fuera la clave para determinar la continuidad o caída del actual gobierno. Esta narrativa ha eclipsado la discusión técnica, económica y social que realmente debería darse.

Sobre la mesa pesa una sanción que afecta directamente a la actividad petrolera en Venezuela. Que se extiende a todas las operadoras petroleras, instaladas en el país.

Se pretende hacer ver que, restringir o permitir las operaciones de Chevron y otras con menor producción, tiene un impacto directo y determinante en el destino político del país.

Este enfoque, ignora realidades fundamentales: las sanciones, en la práctica, han tenido efectos más dañinos sobre la población y la economía que sobre la estructura de poder político.

Desde un punto de vista jurídico, el escenario es tan absurdo como sancionar a un ciudadano por un delito que no ha cometido. En este caso, la industria petrolera venezolana —y Chevron como uno de sus actores— es penalizada por razones políticas, aunque no sea la causante ni tenga el poder para revertir el problema de fondo. Resulta irónico que quienes desean invertir, operar legalmente y recuperar activos, sean quienes terminan sancionados.

Lo más grave es que se desconoce, o se ignora deliberadamente, que esta vía de presión económica ya ha fracasado en otras ocasiones y también en otros países. Ejemplos sobran: Cuba, Irán, Rusia. Ninguno de estos casos ha mostrado que las sanciones económicas logren cambios de régimen político, pero sí han demostrado una constante: el empobrecimiento de las poblaciones.

El debate en torno a la presencia de Chevron en Venezuela, por ser la única de bandera norteamericana, se ha convertido en un péndulo ideológico. De un lado, quienes califican su producción como “barriles de sangre”, acusando a la empresa de sostener un régimen. Del otro, quienes los llaman “barriles de salvación”, al ver en su actividad una oportunidad de recuperación económica. Entre estos dos extremos, cualquier opinión se vuelve un acto político más que una reflexión técnica.

La verdad es que Venezuela sigue siendo una economía dependiente del petróleo. Pretender que sancionar a una empresa o restringir su actividad será el factor decisivo para lograr un cambio político es, cuanto menos, ingenuo. Peor aún, es insensible ante el sufrimiento social que estas medidas generan.

Si realmente se busca un cambio sostenible, debe replantearse la estrategia. Las sanciones petroleras, lejos de debilitar gobiernos, debilitan países.

Ex pdte Cámara Petrolera, Consecomercio, Fedecamaras y Consejo Empresarial Andino.
@eromeronava