El Estatuto de Roma crea la Corte Penal Internacional (CPI), una institución permanente establecida para juzgar a individuos que cometen delitos como el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, el crimen de agresión y fue suscrito por Venezuela.

La Corte Penal Internacional (CPI) tiene la competencia limitada a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, y en especial, sobre vulneraciones de trascendencia, entre las cuales se encuentra, así lo prevé el artículo 7 inciso “i” la “desaparición forzada de personas” y se entenderá por tal, la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado. Se comete de manera continuada que no cesa hasta que la persona aparece.

Desde la constitución de un grupo de trabajo en 1980, hasta la convención aprobada en 2006, la Organización de las Naciones Unidas registró 51.531 casos en 79 países, a las que se deben agregar numerosas denuncias y estimaciones de organizaciones independientes. Se trata de un problema mundial y quedan miles de casos sin resolver, y muchos de ellos en aquellos países que mantienen políticas de represión. También se ha convertido en una conducta criminal practicada en países occidentales como consecuencia de las medidas adoptadas en la lucha contra el terrorismo internacional.

Es como, ya señalé, un delito complejo, múltiple y acumulativo que, además, atenta contra diversos derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad y seguridad personal, al respeto de la dignidad a la libertad de opinión y expresión por enumerar algunos.

Otra de las características es la indefensión jurídica de la víctima que queda desprotegida de recursos elementales como el Habeas Corpus por el carácter secreto de la desaparición, y consecuencialmente, no conocerse quien es el autor de la misma.

En diciembre de 2006 las Naciones Unidas aprobó, mediante la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, creándola como un nuevo derecho humano.

Todo este comentario obedece a que nuestro Fiscal General de la República, según reseña aparecida en El Universal, se refirió al Presidente de El Salvador, Nayib Bukele de mantener “secuestrados”, ese fue el termino usado, a 252 venezolanos deportados de los Estados Unidos de América, que, además, han recibido tratos crueles inhumanos.

Aparentemente, en un acuerdo entre Trump y Bukele, este último le aceptó mantener privados de libertad, en una cárcel de alta seguridad, a cambio de una alta suma de dinero, a los deportados sin fórmula de juicio, en su mayoría venezolanos, sindicados de ser integrantes de la temible banda internacional “El Tren de Aragua” a la que Trump considera una organización terrorista utilizada por el gobierno venezolano para desestabilizar a su gobierno.

Por si esto fuese poco ahora Bukele pretende hacer un trato con nuestro gobierno a cambio de los 252 presos en El Salvador sin que exista causa legal alguna para ello, lo que resulta absolutamente inmoral.

@gadeaperez