Si algo nos debe alertar como consecuencia de la grave situación de Venezuela es la migración forzada de personas que por diversas razones se ha estado generando en los últimos años. Padres, hijos, amigos se han visto obligados por las circunstancias actuales a salir del país. En las calles, las personas hablan frecuentemente sobre el tema. La ruptura familiar es inmensa, el drama social es inconmensurable.
Un Estado serio debe proteger y no agravar la situación de sus nacionales. El derecho a la unidad familiar, el derecho a salir y retornar a su país, a conservar sus bienes, entre otros, son esenciales para el Derecho de Gentes.
Si el derecho humano a la alimentación, a la salud y al trabajo se encuentra seriamente afectado, una persona o familia puede encontrarse en situación de traslado forzado. La exclusión arbitraria de personas quebranta los derechos humanos y deberes internacionales del Estado receptor.
Los Estados, las instituciones y comunidades, deben integrar a los venezolanos en sus países tal y como Venezuela lo hizo en su momento. Un elemental principio de gratitud, reciprocidad, amistad, hermandad, lo exige.
Igualmente, en virtud del principio Non Refoulement (art. 33 de la Convención de Ginebra), no se puede colocar a un refugiado en situación que amenace su vida, su libertad y su dignidad.
Esta forzosa migración se produce por la falta de empleos, asistencia, recursos, seguridad y paz. Los organismos internacionales solicitan acciones de efectiva y auténtica solidaridad y les recuerda a muchos lo que Venezuela significó en materia de apoyo, asilo, solidaridad y libertad en los peores momentos de naciones hermanas.
La miseria, los conflictos bélicos, los regímenes, la amenaza política, han justificado los desplazamientos en el mundo. Irlandeses, alemanes, rusos, polacos, sudaneses, ruandeses y otros, emigraron por hambre. Nunca, salvo en la independencia, habíamos vivido tal situación.
@articulistasred
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