De la relación Estado y campo puede aseverarse que ha sido y es todavía paternalista en muchos países, incluyendo a Venezuela. Sin embargo, la tendencia mundial apunta hacia el fin del paternalismo sobre la agricultura, bajo la presión de la liberación del comercio con la globalización. Esto teniendo a la competitividad como norma, aún con la influencia ventajista de las ayudas a la agricultura que otorgan los países desarrollados, por sobre los acuerdos de su eliminación a nivel de la Organización Mundial del Comercio.

En este entorno económico global, la agricultura venezolana es una Cenicienta abandonada a su suerte. El Estado es paternalista pero le da la espalda al campo. Al país ha convertido en agro importador neto con sus políticas de puertos y cambiaria. La causa del enorme déficit agrícola es la competencia desleal de las importaciones de alimentos. Estás en vez de ser complementarias del déficit, sustituyen la producción nacional, acabándola. Por su parte, la política agraria es devastadora. Mediante inconsulto Decreto-Ley de Tierras se estatizaron sobre 6 millones de hectáreas, hoy casi todas improductivas pero sigue vigente como espada de Damócles sobre los productores y pésima señal a nuevos inversionistas nacionales o extranjeros. Su recuperación tendrá que esperar su privatización, dentro de ese nuevo marco de políticas económica y agrícola que se necesita.

Como vemos, al contrario de los países desarrollados o no, que producen y exportan alimentos el Estado venezolano es paternalista. El presupuesto de la agricultura se esfuma en burocracia, créditos no recuperables, siembras y cosechas invisibles, obras y contratos inútiles, importaciones de alimentos, corrupción. Por eso para producir aquí la comida segura, debemos ponerle fin al paternalismo estatal. Entonces cesará su inherencia en las decisiones propias de los productores del campo que en un nuevo entorno de políticas, tendrán que adecuarse a competir pero en igualdad de condiciones. Esto mientras el Estado garantiza la libre competencia y la propiedad.

Entonces Estado y campo trabajarán en la misma dirección y la producción agrícola nacional será sinónimo de alimentos seguros. No a precios falsos, “baratos”, controlados bajo costos descapitalizando al campo. Tampoco subsidiados a expensas de la Hacienda pública, sino a precios reales, accesibles, estables y competitivos con aquellos alimentos importados.

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