El abuso de las instituciones mal regentadas en Venezuela es general, comprende distintos niveles administrativos; representa una de las fallas más extendidas y que deteriora gravemente la función del Estado, del gobierno y las relaciones de los agentes públicos y los ciudadanos.
Sorprende de manera alarmante el grado de discrecionalidad y de arbitrariedad, ineficiencia e ineficacia, desinformación e irrespeto que se evidencia en la gestión administrativa.
Sorprende de manera alarmante el grado de discrecionalidad y de arbitrariedad, ineficiencia e ineficacia, desinformación e irrespeto que se evidencia en la gestión administrativa.
Los ejemplos cotidianos abundan en los más comunes y visitados organismos, tales como: el SAIME, el SAREN, el Servicio Exterior, los organismos de salud; la gestión de los servicios públicos como el agua y la electricidad; el sistema judicial que debe ser gratuito, eficiente, protector y que, en la práctica, no lo es, por mencionar algunos casos.
La insólita existencia de colas desde altas horas de la noche para ser atendidos al día siguiente en el SAIME de Caracas, por ejemplo, es uno de esos dramáticos casos.
El deterioro de la atención regional de los organismos que han vuelto a centralizar asuntos importantes en la capital de la República, ha sido una de las mayores faltas.
La existencia de personal sin formación, sin educación y sin capacitación para la atención del servicio público es un rasgo constante.
El abuso institucional también se manifiesta en la falta de criterios y procedimientos uniformes para la realización de trámites y la divulgación de los mismos, por ejemplo, en materia de extranjería y servicio exterior, tal y como es el caso de las tramitaciones consulares en ciertos países para venezolanos y extranjeros, quienes no acceden fácilmente a la obtención de una cita y de informaciones válidas.
El abuso institucional se hace evidente en la falta de respuesta oportuna a solicitudes ciudadanas en todas las materias, operando de manera irresponsable un silencio administrativo general que es representativo de la desidia pública.
El abuso institucional se manifiesta cuando los bienes públicos son utilizados para fines particulares de personas que tienen acceso a los mismos.
No existe seguridad jurídica en el accionar de las instituciones que violentan los derechos contractuales, laborales, empresariales, ciudadanos, que no proyectan en la gestión pública la significación de los derechos humanos.
Una administración que no admite ni procesa debidamente las quejas y reclamos; que no sanciona a sus funcionarios deshonestos; que no responde a las peticiones dentro de los lapsos; que no es pronta y reflexiva en la toma de decisiones; que no actúa de manera transparente; que no tiene mecanismos de participación ciudadana en el efectivo control de la gestión, no se ajusta a principios administrativos esenciales reconocidos en Tratados, Constituciones y Leyes.
Muchas veces la administración deja de actuar con imparcialidad y se dirige por meros intereses individuales, grupales y partidistas; no reconoce el derecho a la igualdad; no actúa con independencia; no establece procedimientos seguros y breves; no actúa con elementales criterios de responsabilidad y participación.
Un Estado que no reconoce y sanciona, por ejemplo, la disposición irregular de Fondos Jubilatorios en algunas empresas del Estado (PDVSA, por ejemplo), afectando derechos preexistentes y obligaciones sociales esenciales, no es un Estado de Derecho y Justicia.
Un Estado en el cual la seguridad pública afecta la ordenada y civilizada exigencia ciudadana ante los organismos a los fines de obtener información y respuesta a sus solicitudes, es un Estado que desconoce la acción social y ciudadana.
Intentar formar una lista de muchos atropellos sería interminable, lo cierto es que los ciudadanos padecen la mala gestión y no existe un respeto a los derechos y garantías administrativas contenidas en las leyes, todo lo cual constituye la presencia de un Estado deficiente que no responde, desde hace muchos años, a las necesidades apremiantes de la población y el cual se debe transformar de manera prioritaria.
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