El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) fue firmado en Brasilia, Brasil el 3 de julio de 1978, por los ocho países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Es un instrumento jurídico de naturaleza técnica con miras a promover el desarrollo armónico e integrado de la cuenca, asumiendo a su vez un compromiso común para la preservación del medio ambiente y la utilización racional de los recursos naturales de la Amazonía. Cuenta con una Secretaría Permanente establecida en Brasilia (Brasil) en 13 de diciembre de 2002, e instalada de manera definitiva en marzo de 2003.
La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica se plantea pues con un mecanismo regional de cooperación, intercambio y accionar en temas de primer orden como la reducción de asimetrías regionales, los pueblos indígenas y otras comunidades tribales, la preservación, protección, conservación y aprovechamiento sustentable del bosque, la biodiversidad y los recursos hídricos de la Amazonía, el desarrollo sostenible, prestando atención particular a las poblaciones más vulnerables, históricamente marginadas.
Luego de 14 años de ausencia, se celebró el pasado 7 y 8 de agosto la Cumbre Amazónica en Belém do Para, Brasil, en un momento crítico para uno de los biomas y “pulmones” más importantes del plantea con una superficie de 6,3 millones de kilómetros cuadrados, que además concentra el 10% de la biodiversidad del mundo, 50 millones de personas y más de 400 pueblos originarios, donde los altos niveles de deforestación que nos acercan al peligroso punto de “no retorno” que involucra temas muy complejos como la minería y la exploración de hidrocarburos en la región amazónica, así como la presencia de grupos y actividades ilegales en la zona, a la que el presidente colombiano Gustavo Petro plantea combatir con una “OTAN amazónica” y fortalecimiento del Centro de Cooperación Policial Internacional en Manaos.
El deterioro socioambiental de la región es un hecho; el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil estima que, en 2020, las emisiones de dióxido de carbono del territorio amazónico aumentaron un 117% con respecto al promedio anual entre 2010 y 2018. El bosque del Amazonas ha perdido ya 13% de su superficie original, según datos del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina. Sin lugar a dudas resulta fundamental contar con mecanismos institucionales más sólidos que articulen y coordinen acciones conjuntas entre los estados miembros del pacto; celebramos la voluntad política de impulsar nuevas instancias amazónicas como el Foro de Ciudades Amazónicas, el Observatorio sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, medio ambiente y pueblos indígenas, el Parlamento Amazónico, el Observatorio de Mujeres Rurales de la Amazonía, el Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas, el Panel Técnico-Científico Intergubernamental para la Amazonía una suerte de IPCC por la Amazonía, entre otros.
A pesar de haber sido fundado en 1989 el Parlamento Amazónico (Parlamaz) ha estado inactivo y hoy la Declaración de Belém busca revivirlo estableciendo un Grupo de Trabajo para su reactivación dentro de un proceso amplio de fortalecimiento institucional que debe abarcar también a la eficiencia del Consejo de Cooperación Amazónica (CCA) y de la Comisión de Coordinación del Consejo de Cooperación Amazónica (CCOOR), necesarios para la elaboración, monitoreo y evaluación de políticas públicas eficientes y eficaces para alcanzar los objetivos planteados en la Declaración de Belém, el plan de deforestación cero de la selva amazónica hasta 2030, así como la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Allí recordamos la necesaria incorporación de actores de la sociedad civil, la academia, las comunidades indígenas, y especialmente los jóvenes quienes somos protagonistas en esta lucha global para escapar de la “ebullición global” que es una amenaza existencial inminente.
Lula da Silva habla de un “sueño amazónico” con “ciudades más verdes, aire más puro, ríos sin mercurio, y floresta de pie” proponiendo planes como el “Programa Nacional de Florestas Productivas”; también recordaba el primer mandatario brasileño la importancia del Acuerdo de Escazú adoptado en 2018 siendo un instrumento único en materia ambiental y de derechos humanos.
El ámbito financiero es crucial para lograr estos objetivos, y de hecho en la Declaración de Belém se mencionan mecanismos como la Coalición Verde, lanzada en conjunto por el BANDES (Banco Nacional de Desarrollo de Brasil) y el BID, para microcréditos destinados a emprendimientos en la Amazonía. Incluye a 19 bancos públicos de desarrollo de países amazónicos, que ofrecerían 4.5 mil millones de dólares en financiación para negocios sustentables. La Declaración de Belém aborda “la responsabilidad histórica de los países desarrollados” en materia de cambio climático y muestra “preocupación” por el incumplimiento de “sus obligaciones financieras climáticas” refiriéndose al acuerdo en el marco de las COP de proporcionar 100.000 millones de dólares (91.000 millones de euros al cambio de euros) en financiación climática al año en recursos nuevos y adicionales a los países en desarrollo” para financiar la preservación de los ecosistemas más sensibles del planeta.
Vale la pena destacar que estuvieron presentes representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Nuevo Banco de Desarrollo (Banco de los BRICS), así como organismos internacionales como la ONU, la FAO o el PNUD. Particularmente la Unión Europea tiene un fuerte interés en estos mecanismos siendo países como Alemania o Noruega los principales donantes del Fondo Amazónico, incluida la participación de la UE con 20 millones de euros según lo prometido en la última cumbre UE-CELAC en Bruselas.
La falta de compromisos concretos para detener la expansión de la frontera de petróleo y gas en la Amazonía, el control de la agroindustria o la falta de una hoja de ruta específica para combatir la minería ilegal son fallas que deben ser corregidas, pero celebramos el consenso regional en trabajar en estos temas cruciales para el futuro no sólo de nuestros países sino de la humanidad.
Dylanjpereira01@gmail.com
La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica se plantea pues con un mecanismo regional de cooperación, intercambio y accionar en temas de primer orden como la reducción de asimetrías regionales, los pueblos indígenas y otras comunidades tribales, la preservación, protección, conservación y aprovechamiento sustentable del bosque, la biodiversidad y los recursos hídricos de la Amazonía, el desarrollo sostenible, prestando atención particular a las poblaciones más vulnerables, históricamente marginadas.
Luego de 14 años de ausencia, se celebró el pasado 7 y 8 de agosto la Cumbre Amazónica en Belém do Para, Brasil, en un momento crítico para uno de los biomas y “pulmones” más importantes del plantea con una superficie de 6,3 millones de kilómetros cuadrados, que además concentra el 10% de la biodiversidad del mundo, 50 millones de personas y más de 400 pueblos originarios, donde los altos niveles de deforestación que nos acercan al peligroso punto de “no retorno” que involucra temas muy complejos como la minería y la exploración de hidrocarburos en la región amazónica, así como la presencia de grupos y actividades ilegales en la zona, a la que el presidente colombiano Gustavo Petro plantea combatir con una “OTAN amazónica” y fortalecimiento del Centro de Cooperación Policial Internacional en Manaos.
El deterioro socioambiental de la región es un hecho; el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil estima que, en 2020, las emisiones de dióxido de carbono del territorio amazónico aumentaron un 117% con respecto al promedio anual entre 2010 y 2018. El bosque del Amazonas ha perdido ya 13% de su superficie original, según datos del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina. Sin lugar a dudas resulta fundamental contar con mecanismos institucionales más sólidos que articulen y coordinen acciones conjuntas entre los estados miembros del pacto; celebramos la voluntad política de impulsar nuevas instancias amazónicas como el Foro de Ciudades Amazónicas, el Observatorio sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, medio ambiente y pueblos indígenas, el Parlamento Amazónico, el Observatorio de Mujeres Rurales de la Amazonía, el Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas, el Panel Técnico-Científico Intergubernamental para la Amazonía una suerte de IPCC por la Amazonía, entre otros.
A pesar de haber sido fundado en 1989 el Parlamento Amazónico (Parlamaz) ha estado inactivo y hoy la Declaración de Belém busca revivirlo estableciendo un Grupo de Trabajo para su reactivación dentro de un proceso amplio de fortalecimiento institucional que debe abarcar también a la eficiencia del Consejo de Cooperación Amazónica (CCA) y de la Comisión de Coordinación del Consejo de Cooperación Amazónica (CCOOR), necesarios para la elaboración, monitoreo y evaluación de políticas públicas eficientes y eficaces para alcanzar los objetivos planteados en la Declaración de Belém, el plan de deforestación cero de la selva amazónica hasta 2030, así como la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Allí recordamos la necesaria incorporación de actores de la sociedad civil, la academia, las comunidades indígenas, y especialmente los jóvenes quienes somos protagonistas en esta lucha global para escapar de la “ebullición global” que es una amenaza existencial inminente.
Lula da Silva habla de un “sueño amazónico” con “ciudades más verdes, aire más puro, ríos sin mercurio, y floresta de pie” proponiendo planes como el “Programa Nacional de Florestas Productivas”; también recordaba el primer mandatario brasileño la importancia del Acuerdo de Escazú adoptado en 2018 siendo un instrumento único en materia ambiental y de derechos humanos.
El ámbito financiero es crucial para lograr estos objetivos, y de hecho en la Declaración de Belém se mencionan mecanismos como la Coalición Verde, lanzada en conjunto por el BANDES (Banco Nacional de Desarrollo de Brasil) y el BID, para microcréditos destinados a emprendimientos en la Amazonía. Incluye a 19 bancos públicos de desarrollo de países amazónicos, que ofrecerían 4.5 mil millones de dólares en financiación para negocios sustentables. La Declaración de Belém aborda “la responsabilidad histórica de los países desarrollados” en materia de cambio climático y muestra “preocupación” por el incumplimiento de “sus obligaciones financieras climáticas” refiriéndose al acuerdo en el marco de las COP de proporcionar 100.000 millones de dólares (91.000 millones de euros al cambio de euros) en financiación climática al año en recursos nuevos y adicionales a los países en desarrollo” para financiar la preservación de los ecosistemas más sensibles del planeta.
Vale la pena destacar que estuvieron presentes representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Nuevo Banco de Desarrollo (Banco de los BRICS), así como organismos internacionales como la ONU, la FAO o el PNUD. Particularmente la Unión Europea tiene un fuerte interés en estos mecanismos siendo países como Alemania o Noruega los principales donantes del Fondo Amazónico, incluida la participación de la UE con 20 millones de euros según lo prometido en la última cumbre UE-CELAC en Bruselas.
La falta de compromisos concretos para detener la expansión de la frontera de petróleo y gas en la Amazonía, el control de la agroindustria o la falta de una hoja de ruta específica para combatir la minería ilegal son fallas que deben ser corregidas, pero celebramos el consenso regional en trabajar en estos temas cruciales para el futuro no sólo de nuestros países sino de la humanidad.
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