La corrupción es una de las maneras como se manifiesta la desviación de poder. La Constitución y la ley dan a instituciones y funcionarios una serie de facultades para que actúen en beneficio de los intereses colectivo, perciban y administren recursos públicos, dicten medidas para garantizar el buen funcionamiento de la estructura estatal y cumplan sus obligaciones para la realización de los derechos de las personas.

El Artículo 139 de la Constitución sanciona el abuso y desviación de poder. Indica que el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley.

Cuando el funcionario usando el poder que le confieren las normas actúa para obtener beneficios propios o aumentar su patrimonio apropiándose por si mismo o usando terceros de recursos del Estado comete actos de corrupción.

La ley contra la corrupción establece entre los delitos el enriquecimiento ilícito. Precisa que se enriquece de manera ilícita la funcionaria o funcionario que hubiere obtenido en el ejercicio de sus funciones un incremento patrimonial desproporcionado con relación a sus ingresos, que no pudiere justificar requerido y que no constituya otro delito.

Por ello es muy importante exigir transparencia en la gestión pública cualquiera sea el nivel en la estructura estatal. Practicas como las que se han instaurado en Venezuela por parte de los ministerios de no hacer públicas sus memoria y cuenta, favorece que se cometan delitos con los recursos estatales. Contribuye por ejemplo a que se suscriban contratos para obras sin el cumplimiento de normas y sin precisión de montos y lapsos para su ejecución.

Usar un cargo publico para el beneficio privado tiene un impacto negativo en la realización de los derechos humanos. Así buena parte del presupuesto destinado a mejora de servicios públicos, o a satisfacer el derecho a la salud, educación o promover la cultura y el deporte, no se ejecuta, sino que va a parar a las cuentas personales de funcionarios de distinto rango.

Generalmente en las operaciones de corrupción intervienen múltiples actores, funcionan como delincuencia organizada para apropiarse de bienes y dinero que debería ser de utilidad pública y para el beneficio de la población.

Por ello, no podemos ser indiferentes ante los hechos de corrupción. Debemos exigir a las autoridades investigación y sanción a los responsables. A todo sospechoso se le deben garantizar plenamente sus derechos y si se demostrare su culpabilidad que se le impongan las sanciones correspondientes.

También debemos exigir transparencia en la lucha contra la corrupción. Acciones y medidas turbias pueden generar actos de corrupción con bienes y dinero incautado.

Nuestros derechos se ven afectados por actos de corrupción, por ello debemos levantar la voz y exigir gestión pública transparente y rendición periódica de cuentas de los funcionarios

Marino Alvarado Betancourt