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A derecho

El mismo 20 de marzo, el Fiscal General anunció que designó a varios fiscales, quienes investigarán a los funcionarios públicos detenidos por la Policía Anticorrupción, y que reiteraba su compromiso con la lucha contra esa calamidad pública

  • REINALDO GADEA

31/03/2023 05:03 am

En estos días fui a un cóctel en un conocido hotel caraqueño con motivo de la presentación de un libro. La comidilla del día fue la feroz lucha contra la corrupción emprendida por el propio Maduro.

Todos aplaudimos al Presidente en su pelea contra ese protervo flagelo, que corroe las entrañas de nuestro pueblo sin tener paz con la miseria. También se valoró positivamente la actitud asumida por Tareck El Aissami, quien dignamente renunció al cargo de Ministro que venía desempeñando.

En la reunión se comenzó a hablar de lo confuso y variado de las informaciones al respecto, sobre todo porque hay una mezcolanza entre los temas de PDVSA y el Poder Judicial. No se entiende bien si el uno tiene o no que ver con el otro, y como es costumbre, cuando el tema es de naturaleza jurídica, me formularon preguntas acerca de las detenciones habidas.

Lo primero que dije es que la única información que yo conocía, y me merecía crédito, fue la aparecida en el diario El Universal. La primera de ellas, el 17 de marzo, se refería a un comunicado del Gobierno Nacional, en la que señalaban que la Policía Anticorrupción había solicitado ese mismo día, el enjuiciamiento de varios funcionarios, involucrados en actividades criminales, y que ello era producto de una investigación iniciada hace meses. Eso es lo primero que llamó mi atención, porque, según el COPP, la policía no debe investigar, salvo diligencias puntuales y urgentes, sin que exista la orden de apertura de la investigación previamente dictada por el Ministerio Público, artículos 265 y 266.

El propio presidente Maduro, así lo informó a El Universal de marzo 20 en dos entregas distintas, se refirió a las detenciones practicadas por la Policía Anticorrupción desde el viernes 17. Confirmó que él personalmente lidera las investigaciones; que informó al buró político del PSUV y que desde octubre del año pasado, conocía de las investigaciones en la petrolera venezolana, en la Sunacrip y en el Poder Judicial. Todos los venezolanos, sin duda, estamos muy contentos por eso.

El mismo 20 de marzo, el Fiscal General anunció que designó a varios fiscales, quienes investigarán a los funcionarios públicos detenidos por la Policía Anticorrupción, y que reiteraba su compromiso con la lucha contra esa calamidad pública, y que ese cuerpo policial especializado, había solicitado procesar judicialmente a tales funcionarios. Se supo, y así lo reseñaron varios los medios de comunicación, que desde el mismo 17 se practicaron varias detenciones.

Lo que no está claro es el sustento legal de esas actuaciones. ¿La policía llevaba meses investigando sin la participación y orden del Ministerio Público? ¿Detuvieron a un diputado? ¿El Ministerio Público solicitó a algún tribunal competente la orden de aprehensión? Y digo que no está claro el fundamento legal, porque todos los allí presentes se preguntaban lo mismo, y a ese respecto, no solo no se informó, sino que pareciera ser que esa orden judicial no existió.

La Constitución venezolana - les dije - en su artículo 44, establece que la libertad es inviolable, y en consecuencia, ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial a menos que sea sorprendida in fraganti, que obviamente no es el caso. De otra parte, el artículo 49 ibídem, establece la garantía del Debido Proceso y éste se aplica obviamente, a estos casos. Dicha norma pauta que toda persona tiene el derecho a ser notificada de la investigación en su contra, y su no aplicación, trae como consecuencia la nulidad de las actuaciones que estén fuera de ese contexto.

Veremos pues si esas actuaciones han estado o no ajustadas a derecho.

@gadeaperez
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