No existe un Plan Nacional a corto, mediano y largo plazo, como Política Pública del Estado venezolano en materia de discapacidad. Existe si, una gran dispersión de organismos públicos en materia de atención a estas personas. A nivel del Ejecutivo está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Dipais, el Ministerio del Trabajo. El Despacho de la Presidencia: Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo Conapdis, Misión José Gregorio Hernández, y los Consejos Presidenciales, y ahora la asamblea nacional constituyente. 

No existen estadísticas públicas ni actualizadas acerca de cuantas personas con discapacidad hay en el país. Pero si existe una dispersión estadística, en su momento, de diversos organismos en la materia, (Últimos resultados dispersos fueron dados a conocer en 2011y 2014) principalmente del Instituto Nacional de Estadística y otros según se indica: (13 en total) 

 ▪ Instituto Nacional de Estadística (I.N.E) 

 ▪ Ministerio del Poder Popular de Planificación (M.P.P.P) 

 ▪ Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (COapdis) 

 ▪ Ministerio de Educación (M.P.P.E) 

 ▪ Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (M.P.P.E.U.) Éste está realizando actualmente un Censo de estudiantes con discapacidad en las universidades.

▪ Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela (V.R.B.V) 

▪ Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (A.N.V) 

▪ Instituto Nacional de los Servicios Sociales (I.N.A.S.S) 

▪ Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)  

▪ Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo (M.P.P.P.S.T) 

▪ Organización Panamericana de la Salud (O.P.S) 

▪ Misión José Gregorio Hernández (M.J.G.H) 

▪ Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte (M.P.P.J.D) 

En este sentido, el gobierno anunció a través de la Vicepresidencia Sectorial de Planificación, que el Censo Nacional de Población y Vivienda en Venezuela, programado para el 2020, será adelantado para el 2019 con el fin de obtener una línea base que permita el desarrollo de cada una de las metas del Gobierno. 

Fueron establecidos cerca de 320 indicadores (no son públicos aún, salvo mejor opinión), para el seguimiento específico en cada uno de los temas planteados vinculados al sector económico, social, salud, vivienda, entre otros. Se asume que estén incluidos los indicadores referentes a la discapacidad distintos y congruentes con la realidad actual, a los que se incluyeron de forma parcial en el Censo de 2011 y que en este Censo anticipado del 2019; (debe incluir entre otros a las personas con discapacidad privadas de libertad, indígenas y en situación de abandono y mendicidad); todos los organismos señalados desarrollen un criterio de equipo interdisciplinario, bajo las directrices del Instituto Nacional de Estadística, INE. 

Importante es incluir a las organizaciones de y para personas con Discapacidad existentes en el país, que históricamente han sido “invisibilizados” por los organismos encargados de su atención al no consultarles ni incorporar sus opiniones. (No estoy refiriéndome a las creadas por el gobierno). 

Por otra parte el espacio político no se traduce en la representación de Diputados en la Asamblea Nacional, de personas con discapacidad ni la existencia de una Comisión que desarrolle y evalúe políticas públicas en este sentido. Aún más, ni siquiera un solo Diputado que opine o haga propuestas sobre el tema. 

Y por último la no existencia de Políticas Públicas en materia de discapacidad, influye – incide directamente en la no aplicación y seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006- ONU), en el país aun siendo obligatorio, por haberla suscrito, aunque tardíamente en 2013, por Venezuela. 

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