El Laudo de París, inmotivado y doloso, que según confesión de Mallet-Prevost, dicho fallo adolece de vicio de consentimiento, producto de timación del árbitro ruso Martens, siguieron décadas de protestas formales. Pero, en vano; nuestras autoridades debieron denunciar las deficiencias de fondo y forma sobre dicho fallo; lo obviaron. En virtud de tal inercia, el entonces presidente de la República, coronel Marcos E. Pérez Jiménez convocó, en 1956, al magistrado de la Corte Federal y de Casación (hoy, TSJ) Dr. Ibrahím García, al ministro de la Defensa, Gral. Oscar Mazzei Carta (alto mando militar) y a su canciller, Dr. José Loreto Arismendi junto a otros juristas a fin de forjarse un criterio político-militar sobre la posibilidad de un dispositivo para el sitio de los llanos del río Casanare (oriente actual de Colombia), que perdimos en 1891, así como de la Guayana Esequiba, en 1899. Ninguno de esos planes, quizá oportunos, cristalizó. Pero, en 11/1962 Venezuela ante la XVIII Asamblea de la ONU aduce nulo e írrito el laudo de 1899, y se emplaza a una reunión entre delegados venezolanos, la República Cooperativa de Guyana y el RU para legitimar la reclamación. En efecto, se llega al Acuerdo de Ginebra (14/2/1966), que se resume en su artículo primero en cuanto a las normas a seguirse para “buscar soluciones favorables a un orden práctico de la disputa entre Venezuela y el Reino Unido en virtud de la contención venezolana de que el laudo de 1899 entre Venezuela y Guayana es nulo e írrito”, cuyo buen oficiante para el Esequibo hemos solicitado a la ONU en diversas ocasiones; la última, por 9/2016. Pero, en 12/2018 Guyana elevó a instancias de la CIJ de La Haya tal controversia, con eludiendo al acuerdo bilateral de 2/1966.

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