El título tiene relevancia por múltiples razones. Hace algo más de 25 años fue utilizado para titular un editorial del diario New York Times, a propósito de una discusión por el caso de una paciente con cuadro diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico avanzado, quien solicitaba recursos para tratamiento clínico y quirúrgico que incluían trasplantes de órganos, y cuya petición le fue negada por la administración federal de los Estados Unidos. El argumento oficial, declaraba que, con los recursos necesarios que requería la paciente equivaldría a la atención de al menos 700 pacientes embarazadas.

En tal oportunidad, muchos opinadores latinoamericanos, eternos enemigos del diario neoyorkino convirtieron al tabloide hasta ese momento “voz de la oligarquía”, en una especie de monje paulista “defensor del derecho a la vida”; en este caso de una persona que según la opinión especializada los procedimientos no tenían garantía de éxito, ni mejora de la calidad vida para la misma paciente y sus familiares; más, si implicaba centimetrajes de prensa para la autoflagelación y la publicidad lastimera de proyectarse en base al dolor ajeno.

Hace 20 años, surge una nueva discusión cuando los bioeticistas de América Latina boicotean la reunión para el “consenso de Chile”, con respecto a los protocolos para la investigación en seres humanos. En dicho protocolo, las trasnacionales farmacéuticas proponían “usar productos en período de experimentación, para el tratamiento de VIH en pacientes de países epidémicos, que no contaran con recursos para financiar tratamientos masivos”. Gracias al boicot, se logró el consenso de Sídney, que permite “usar drogas en períodos de pruebas, cuando se haya demostrado no tener efectos colaterales en seres humanos”, no una panacea pero si un mejor enfoque de términos.

Los hechos anteriores conocidos por algunos, desconocidos por la mayoría, se aproxima a la realidad que vive desde hace varios años el sistema sanitario venezolano. No escapan a esta tragicomedia ninguna de los niveles del poder político. A diario se expresan excusas, repetitivas cuando quienes son encargados del problema son los mismos quienes por negligencia, complicidad pasiva o simple comodidad fueron constructores de los desafueros; justificaciones sin sentido repetidos por efecto simbiótico entre la ignorancia y el descaro que adornan a los gobierneros de oficio: esos que cambian de color y guía “ideológica” según el momento y la organización que ejerce funciones administrativas. Es lo mismo legislar, dirigir una unidad administrativa, o contratar obras sin llegar a su ejecución total, siempre en nombre del “bien común”, como una forma de existencia que borra todo vestigio de pudor y vergüenza. En ningún país civilizado, los sistemas de salud, educación y seguridad puede estar en manos del aventurerismo, la impericia y el desconocimiento que conlleva al descalabro, la falta de coherencia y con ello a la improvisación donde la victima final es el ciudadano con menos recursos económicos, ese quien no cuenta con un seguro médico o con recursos financieros para costear centros privados de atención.

El hostigamiento, acoso y ahogo económico de los trabajadores de la salud y la educación, impulsa a la fuga de cerebros, la huida de personal valioso de la actividad pública para dedicarse a la informalidad, o simplemente sumarse a la diáspora dolorosa en busca de mejor salarios, de seguridad social y personal inciertos en países cuyos nacionales olvidaron hace rato la hospitalidad del pueblo venezolano en sus momentos de tribulación, y en muchos de los casos convierten a nuestros migrantes en parias, seres humanos de segunda o tercera categoría.

El objetivo más importante en este juego satánico es el hombre, la mujer, el niño, aquellos que no cuentan con recursos para educarse o tratar su enfermedad en instituciones privadas; quienes son víctimas de carencia de agua potable, adecuados servicios de aguas servida y en permanente dilema por conseguir el alimento diario, otro elemento que afecta la salud física y mental en detrimento de los potenciales intelectuales. La falta de vigilancia y control por los entes reguladores de la calidad, permite que en muchos casos la atención que recibe nuestra población se parezca más a los causales del boicot de Chile, que al protocolo de Sídney. Además hay una prédica contante en los medios oficiales que inducen a la población a enfrentar y convertir en culpables a quienes sin recursos y manos atadas por la persecución, intenta hacer lo posible por dar una atención mínima en centro sin recursos y en última instancia ofrecer una palabra de consuelo ante la pérdida inexorable de seres queridos.

En el mundo actual gobernado por la insensibilidad, el fanatismo y la improvisación, el principal delito de los seres humanos es SER POBRE, a quienes los Estados con gobiernos negligentes por acción o por omisión lo sentencia diariamente y la pena no es otra que la MUERTE.

Pedroarcila13@gmail.com