El órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es la Corte Internacional de Justicia (CIJ), fundada en el año 1945 para encargarse de las controversias legales entre los países. Comenzó a funcionar en 1946 en el Palacio de La Paz de la Haya, Holanda, y está compuesta por quince magistrados electos por nueve años por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Esa corte es el único de los seis órganos principales de la ONU que no funciona en Nueva York. Los métodos de arreglos pacíficos de controversias internacionales que aparecen en la página de la Corte son, además de los buenos oficios, la mediación, el arbitraje, y el arreglo judicial. Allí se lee que la Corte “puede conocer de un asunto solo si los estados implicados han aceptado su competencia, de alguna de las siguientes maneras…”.
En el año 2019, la república de Guyana introdujo demanda ante la CIJ, dentro del marco del diferendo fronterizo con Venezuela, para dilucidar si el Laudo de París de 1899 es válido. Venezuela ha rechazado la competencia de la CIJ en este caso. Sin embargo, abogados que saben mucho del tema opinan que la razón jurídica está del lado de Venezuela, y la nulidad del Laudo de París se puede demostrar fácilmente en cualquier instancia, porque hay muchas evidencias de viciosos manejos procesales.
El diferendo sobre el territorio al oeste del río Esequibo consiste en un reclamo histórico que la República de Venezuela hizo al Reino de la Gran Bretaña, porque en su pasado colonial ese país tomó un espacio que no le pertenecía. A partir del año 1835, los ingleses, usando unas líneas imaginarias que trazó el explorador Robert Schomburgk, enviado y pagado por ellos, levantaron mapas del área y trazaron unas fronteras que le adjudicaban unilateralmente a la Gran Bretaña una parte del suelo venezolano. El gobierno nacional alzó su voz contra las pretensiones coloniales, sin mucha capacidad de acción ante el poderoso vecino. En el año 1899 las grandes potencias firmaron en París un acuerdo limítrofe, tomando como referencia algunas de las líneas trazadas por Schomburgk. Un tribunal formado por norteamericanos, rusos, e ingleses, produjo un laudo que el presidente venezolano de ese entonces, Ignacio Andrade, denunció como nulo e irrito.
Esa posición se mantuvo persistentemente y, dentro de esa línea diplomática, Venezuela denunció ante la ONU en el año 1962 el problema limítrofe. Así logró que cuatro años después, justo antes de otorgarle la independencia a su colonia, la Gran Bretaña aceptara firmar en Ginebra un acuerdo por medio del cual reconoció el reclamo, y accedió a buscar soluciones pacíficas a la controversia. Luego, en el año 1970, los gobiernos de Venezuela y Guyana suscribieron el Protocolo de Puerto España, que impedía hacer valer ninguna reclamación y establecía que el territorio en disputa no podría ser explotado unilateralmente por ninguno de los dos países.
La situación se mantuvo como entumecida bastante tiempo hasta que, el 20 de diciembre de 2019, apareció publicada en medios internacionales la información de que el consorcio formado por los gigantes petroleros ExxonMobil, la estatal China National Oil Offshore Company (CNOOC), y Hess Corporation, comenzaron a extraer 120.000 barriles diarios de crudo del pozo Liza, ubicado en el océano Atlántico a unos 190 kilómetros de la costa. Probablemente por eso Guyana ya ha sido invitado por Brasil a Mercosur, y los países árabes están promoviendo su entrada en la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo OPEP.
Nuevos elementos van apareciendo cada día en el ya complejo panorama. Uno es el acuerdo de cooperación que se firmó en el año 2020 entre el gobierno guyanés y el de Estados Unidos, que permite patrullaje conjunto para “combatir el narcotráfico, pesca ilegal, armas, y trata de personas”. Eso le agrega un ruido bien picante a la situación. Otro el tema es el de migrantes venezolanos huyendo de la crisis con destino a Guyana. Y como si fuera poco, la ONG venezolana Fundaredes alerta que las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN quieren “tomar el territorio del Esequibo”. En la declaración del director de la ONG no aparecen elementos que corroboren esta información, pero si sucede complicaría la situación y otorgaría excusas perfectas para armar el conflicto de lado y lado.
Aunque no parezca a simple vista, este reclamo resulta vital para Venezuela porque si se admitieran las pretensiones del gobierno de Guyana, nuestro país podría perder su fachada atlántica. En ese panorama, los barcos que salen por la desembocadura del río Orinoco tendrían que navegar en aguas extranjeras. Este no es solamente un reclamo por trozos de tierras o mares ricos en minerales, es una defensa capital a nuestra integridad territorial. En consecuencia, evitemos partidizar el tema y mantengámonos unidos en defensa de la justicia y de nuestra histórica reclamación. El entorno ya es bastante complicado, así que no lo compliquemos más.
alvaromont@gmail.com
En el año 2019, la república de Guyana introdujo demanda ante la CIJ, dentro del marco del diferendo fronterizo con Venezuela, para dilucidar si el Laudo de París de 1899 es válido. Venezuela ha rechazado la competencia de la CIJ en este caso. Sin embargo, abogados que saben mucho del tema opinan que la razón jurídica está del lado de Venezuela, y la nulidad del Laudo de París se puede demostrar fácilmente en cualquier instancia, porque hay muchas evidencias de viciosos manejos procesales.
El diferendo sobre el territorio al oeste del río Esequibo consiste en un reclamo histórico que la República de Venezuela hizo al Reino de la Gran Bretaña, porque en su pasado colonial ese país tomó un espacio que no le pertenecía. A partir del año 1835, los ingleses, usando unas líneas imaginarias que trazó el explorador Robert Schomburgk, enviado y pagado por ellos, levantaron mapas del área y trazaron unas fronteras que le adjudicaban unilateralmente a la Gran Bretaña una parte del suelo venezolano. El gobierno nacional alzó su voz contra las pretensiones coloniales, sin mucha capacidad de acción ante el poderoso vecino. En el año 1899 las grandes potencias firmaron en París un acuerdo limítrofe, tomando como referencia algunas de las líneas trazadas por Schomburgk. Un tribunal formado por norteamericanos, rusos, e ingleses, produjo un laudo que el presidente venezolano de ese entonces, Ignacio Andrade, denunció como nulo e irrito.
Esa posición se mantuvo persistentemente y, dentro de esa línea diplomática, Venezuela denunció ante la ONU en el año 1962 el problema limítrofe. Así logró que cuatro años después, justo antes de otorgarle la independencia a su colonia, la Gran Bretaña aceptara firmar en Ginebra un acuerdo por medio del cual reconoció el reclamo, y accedió a buscar soluciones pacíficas a la controversia. Luego, en el año 1970, los gobiernos de Venezuela y Guyana suscribieron el Protocolo de Puerto España, que impedía hacer valer ninguna reclamación y establecía que el territorio en disputa no podría ser explotado unilateralmente por ninguno de los dos países.
La situación se mantuvo como entumecida bastante tiempo hasta que, el 20 de diciembre de 2019, apareció publicada en medios internacionales la información de que el consorcio formado por los gigantes petroleros ExxonMobil, la estatal China National Oil Offshore Company (CNOOC), y Hess Corporation, comenzaron a extraer 120.000 barriles diarios de crudo del pozo Liza, ubicado en el océano Atlántico a unos 190 kilómetros de la costa. Probablemente por eso Guyana ya ha sido invitado por Brasil a Mercosur, y los países árabes están promoviendo su entrada en la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo OPEP.
Nuevos elementos van apareciendo cada día en el ya complejo panorama. Uno es el acuerdo de cooperación que se firmó en el año 2020 entre el gobierno guyanés y el de Estados Unidos, que permite patrullaje conjunto para “combatir el narcotráfico, pesca ilegal, armas, y trata de personas”. Eso le agrega un ruido bien picante a la situación. Otro el tema es el de migrantes venezolanos huyendo de la crisis con destino a Guyana. Y como si fuera poco, la ONG venezolana Fundaredes alerta que las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN quieren “tomar el territorio del Esequibo”. En la declaración del director de la ONG no aparecen elementos que corroboren esta información, pero si sucede complicaría la situación y otorgaría excusas perfectas para armar el conflicto de lado y lado.
Aunque no parezca a simple vista, este reclamo resulta vital para Venezuela porque si se admitieran las pretensiones del gobierno de Guyana, nuestro país podría perder su fachada atlántica. En ese panorama, los barcos que salen por la desembocadura del río Orinoco tendrían que navegar en aguas extranjeras. Este no es solamente un reclamo por trozos de tierras o mares ricos en minerales, es una defensa capital a nuestra integridad territorial. En consecuencia, evitemos partidizar el tema y mantengámonos unidos en defensa de la justicia y de nuestra histórica reclamación. El entorno ya es bastante complicado, así que no lo compliquemos más.
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