El 09 de diciembre fue declarado como el día de las personas defensoras de derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas y el sistema jurídico internacional han reconocido el importante papel que juegan en una sociedad las y los defensores de derechos humanos.

Promover los derechos humanos, capacitar a funcionarios para que conozcan, respeten pero también hagan valer sus derechos, presentar propuestas de medidas y políticas públicas para que los Estados hagan realidad el disfrute de los derechos, denunciar los abusos de poder, luchar contra la impunidad y exigir justicia, acompañar a personas vulnerables para que reclamen sus derechos, documentar, analizar situaciones concretas que afectan el disfrute de los derechos y presentar soluciones, dialogar con quienes tienen poder de decisión para que actúen a favor de los derechos, son algunas de las actividades que realizan las personas que defienden derechos ya sea a título individual o mediante una labor colectiva.

En 1998, en el contexto del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Así la comunidad internacional dio un espaldarazo a la labor de promover y defender derechos. Y con esa declaración, los Estados asumieron el compromiso de contribuir y facilitar que esa labor se realice, pero además su obligación de respetar los derechos. Es decir, evitar por acción u omisión violar los derechos humanos, y además adoptar todas las medidas posibles para que las personas bajo su jurisdicción disfruten de esos derechos.

Establece la declaración una estrecha relación entre la defensa de los derechos humanos y la responsabilidad en la protección de la democracia, las libertades fundamentales y la contribución al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos. Por lo tanto, nadie debería ser perseguido, encarcelado y mucho menos asesinado por reivindicar derechos, luchar por la democracia y exigir desarrollo económico y social.

Con relación a las personas defensoras de los derechos humanos la Declaración a través de varios de sus artículos indica que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.

Afirma igualmente que toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido presuntamente violados tiene el derecho, bien por sí misma o por conducto de un representante legalmente autorizado, a presentar una denuncia ante una autoridad judicial independiente, imparcial y competente o cualquier otra autoridad establecida por la ley y a que esa denuncia sea examinada rápidamente en audiencia pública, y a obtener de esa autoridad una decisión, de conformidad con la ley, que disponga la reparación, incluida la indemnización que corresponda, cuando se hayan violado los derechos o libertades de esa persona, así como a obtener la ejecución de la eventual decisión y sentencia, todo ello sin demora indebida.

Es importante precisar que la Declaración asume un concepto amplio de quien es defensor o defensora de derechos humanos. Así que son personas defensoras entre otros: quienes defienden desde el sindicalismo u otra posición los derechos humanos laborales, quienes defienden y exigen derechos de los pueblos indígenas, quienes luchar por la igualdad y contra cualquier tipo de discriminación, quienes defienden el derecho a un ambiente sano, quienes se movilizan y trabajan por el derecho al agua, a la salud, a la vivienda digna, quienes luchan contra la violencia contra la mujer y aquellas personas que velan por los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Lamentablemente en nuestro país, la cúpula que gobierna ve en las y los defensores personas incómodas y hasta enemigos. Por eso tiene encarcelados a defensores como Javier Tarazona, privó de libertad al dirigente sindical Rubén González, y puso tras las rejas a capitanes indígenas del Pueblo Pemón y ha encarcelado a dirigentes de los gremios de la salud. Un gobierno que no cumple la Declaración, ni le interesa que las personas en el país disfruten de los derechos humanos.

@marinoalvarado