El 17 de marzo del año 1966 el Canciller de Venezuela Ignacio Iribarren Borges, quien había sido anteriormente embajador en el Reino Unido, expuso ante el Congreso Nacional los alcances del Acuerdo de Ginebra, firmado por la Gran Bretaña, Venezuela y la Guyana Británica para regular el diferendo territorial por la zona al oeste del río Esequibo. Esa disertación debe ser conocida por todos los venezolanos, debido a la claridad de su argumentación y a las consideraciones presentadas.
El canciller comenzó por resaltar los “vicios de fondo y forma” del Laudo Arbitral de París, que el 3 de octubre del año 1899 delimitó la frontera entre Venezuela y la colonia inglesa de la Guyana. Luego el canciller hizo un recuento de las protestas venezolanas a ese Laudo, llegando hasta su predecesor en cancillería, Marcos Falcón Briceño, quien en noviembre de 1962 planteó “en exposición amplia y bien razonada” la posición venezolana ante el Comité Político Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El resultado condujo a un acuerdo sobre el “examen de la documentación relativa al llamado Laudo de 1899”. Gran Bretaña, pese a todos los pronósticos, aceptó que las discusiones tendrían dos fases: La primera entre expertos, y la segunda a un alto nivel ministerial.
Para recalcar la firme posición venezolana, cita el canciller Iribarren en su discurso al anterior presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, quien en su mensaje anual al Congreso Nacional el 12 de marzo de 1962 habría dicho: “El diferendo entre la débil Venezuela y la arrogante Albión de los días de la Reina Victoria fue resuelto en un inicuo e inaceptable, y siempre inaceptado por Venezuela, laudo pronunciado por un tribunal político y no de derecho. Jamás Venezuela ha admitido y no admitirá que tan extensa porción de territorio legítimamente suyo, deje de estar encuadrado dentro de su geografía”.
Relata Iribarren que la primera reunión de ministros se llevó a cabo en Londres, en noviembre del año 1963. Asistieron Marcos Falcón Briceño por Venezuela, R. A. Butler por Inglaterra, y el gobernador Ralph Grey por la Guyana Británica. La delegación venezolana presentó sus puntos de vista en un memorando que terminaba así: “La verdad histórica y la justicia exigen que Venezuela reclame la total devolución del territorio del cual se ha visto desposeída, y a este respecto cuenta confiadamente con la buena voluntad y la cooperación del Gobierno de su Majestad”.
El presidente Betancourt en otro mensaje anual al Congreso Nacional, esta vez el 7 de marzo de 1964, anunció que “Las negociaciones han continuado y, en bien de la República y para reparar una injusticia que se le hizo a Venezuela, deberán ser continuadas. El remate de ellas debe ser la reincorporación al territorio nacional de una zona que desde el punto de vista jurídico- histórico jamás dejó de pertenecer a Venezuela”. Sin embargo la posición inglesa era renuente, contestando en una nota diplomática después de recibir el informe de los expertos venezolanos el 3 de agosto de 1965, que esos intercambios “no eran en manera alguna una oferta para entrar en conversaciones de fondo sobre la revisión de la frontera, sino para disipar cualesquiera dudas que el gobierno venezolano pudiera aún tener acerca de la validez o justicia del Laudo Arbitral”.
Entonces el canciller Iribarren, siguiendo instrucciones del presidente Raúl Leoni, se dirige al país en cadena de radio y televisión el 16 de septiembre de 1965 para declarar que “Si Venezuela emprendió el camino diplomático, no fue para quedar satisfecha con discusiones puramente académicas”. Con esa determinación, Venezuela propuso tres alternativas en la segunda conferencia de ministros llevada a cabo en Londres el 9 y 10 de diciembre de 1965. A esas reuniones asistieron Iribarren Borges por Venezuela, Michael Stewart por el Reino Unido, y Forbes Burnham como Primer Ministro de Guyana Británica. Ellos no aceptaron las propuestas venezolanas, pero en un comunicado conjunto acordaron reunirse posteriormente en Ginebra para buscar “soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia”.
Los ministros se reunieron de nuevo en Ginebra los días 16 y 17 de febrero del año 1966. En esa oportunidad, afirma el canciller Iribarren, Venezuela propuso una fórmula que ya había sido rechazada en Londres “con la adición del recurso a la Corte Internacional de Justicia”. “Las delegaciones de Gran Bretaña y Guyana Británica, después de estudiar detenidamente la propuesta, aunque terminaron por mostrarse receptivos, objetaron la mención específica del recurso al arbitraje y a la Corte Internacional de Justicia”.
Así nació el Acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero de 1966 con apoyo unánime de la delegación venezolana formada por “tres delegados del partido de gobierno, tres de la oposición y un senador del grupo independiente”. Ese acuerdo define el camino de la reclamación por el Esequibo, y sirve para tratar de reparar el daño que causara a Venezuela el Laudo de París.
alvaromont@gmail.com
El canciller comenzó por resaltar los “vicios de fondo y forma” del Laudo Arbitral de París, que el 3 de octubre del año 1899 delimitó la frontera entre Venezuela y la colonia inglesa de la Guyana. Luego el canciller hizo un recuento de las protestas venezolanas a ese Laudo, llegando hasta su predecesor en cancillería, Marcos Falcón Briceño, quien en noviembre de 1962 planteó “en exposición amplia y bien razonada” la posición venezolana ante el Comité Político Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El resultado condujo a un acuerdo sobre el “examen de la documentación relativa al llamado Laudo de 1899”. Gran Bretaña, pese a todos los pronósticos, aceptó que las discusiones tendrían dos fases: La primera entre expertos, y la segunda a un alto nivel ministerial.
Para recalcar la firme posición venezolana, cita el canciller Iribarren en su discurso al anterior presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, quien en su mensaje anual al Congreso Nacional el 12 de marzo de 1962 habría dicho: “El diferendo entre la débil Venezuela y la arrogante Albión de los días de la Reina Victoria fue resuelto en un inicuo e inaceptable, y siempre inaceptado por Venezuela, laudo pronunciado por un tribunal político y no de derecho. Jamás Venezuela ha admitido y no admitirá que tan extensa porción de territorio legítimamente suyo, deje de estar encuadrado dentro de su geografía”.
Relata Iribarren que la primera reunión de ministros se llevó a cabo en Londres, en noviembre del año 1963. Asistieron Marcos Falcón Briceño por Venezuela, R. A. Butler por Inglaterra, y el gobernador Ralph Grey por la Guyana Británica. La delegación venezolana presentó sus puntos de vista en un memorando que terminaba así: “La verdad histórica y la justicia exigen que Venezuela reclame la total devolución del territorio del cual se ha visto desposeída, y a este respecto cuenta confiadamente con la buena voluntad y la cooperación del Gobierno de su Majestad”.
El presidente Betancourt en otro mensaje anual al Congreso Nacional, esta vez el 7 de marzo de 1964, anunció que “Las negociaciones han continuado y, en bien de la República y para reparar una injusticia que se le hizo a Venezuela, deberán ser continuadas. El remate de ellas debe ser la reincorporación al territorio nacional de una zona que desde el punto de vista jurídico- histórico jamás dejó de pertenecer a Venezuela”. Sin embargo la posición inglesa era renuente, contestando en una nota diplomática después de recibir el informe de los expertos venezolanos el 3 de agosto de 1965, que esos intercambios “no eran en manera alguna una oferta para entrar en conversaciones de fondo sobre la revisión de la frontera, sino para disipar cualesquiera dudas que el gobierno venezolano pudiera aún tener acerca de la validez o justicia del Laudo Arbitral”.
Entonces el canciller Iribarren, siguiendo instrucciones del presidente Raúl Leoni, se dirige al país en cadena de radio y televisión el 16 de septiembre de 1965 para declarar que “Si Venezuela emprendió el camino diplomático, no fue para quedar satisfecha con discusiones puramente académicas”. Con esa determinación, Venezuela propuso tres alternativas en la segunda conferencia de ministros llevada a cabo en Londres el 9 y 10 de diciembre de 1965. A esas reuniones asistieron Iribarren Borges por Venezuela, Michael Stewart por el Reino Unido, y Forbes Burnham como Primer Ministro de Guyana Británica. Ellos no aceptaron las propuestas venezolanas, pero en un comunicado conjunto acordaron reunirse posteriormente en Ginebra para buscar “soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia”.
Los ministros se reunieron de nuevo en Ginebra los días 16 y 17 de febrero del año 1966. En esa oportunidad, afirma el canciller Iribarren, Venezuela propuso una fórmula que ya había sido rechazada en Londres “con la adición del recurso a la Corte Internacional de Justicia”. “Las delegaciones de Gran Bretaña y Guyana Británica, después de estudiar detenidamente la propuesta, aunque terminaron por mostrarse receptivos, objetaron la mención específica del recurso al arbitraje y a la Corte Internacional de Justicia”.
Así nació el Acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero de 1966 con apoyo unánime de la delegación venezolana formada por “tres delegados del partido de gobierno, tres de la oposición y un senador del grupo independiente”. Ese acuerdo define el camino de la reclamación por el Esequibo, y sirve para tratar de reparar el daño que causara a Venezuela el Laudo de París.
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