Caracas.- La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), rechazó la “Ley Antibloqueo” a través de un comunicado por considerarla un “instrumento jurídico que, lejos de apoyar el resurgimiento del aparato productivo nacional, está divorciado de la difícil realidad que enfrenta la industria manufacturera nacional”.

"La discrecionalidad se impone en esta Ley que fue aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente que no está revestida de la potestad necesaria para ejercer funciones legislativas en ese ámbito", indican.

Aseguran que "durante más de dos décadas, a través de otras regulaciones de carácter legal, impositivo y fiscal, ha ido incrementándose la hegemonía sobre el sector productivo, acorralando la libertad empresarial y poniendo freno a las libertades económicas expresadas en nuestra Carta Magna".

Los derechos del sector privado nacional "son constantemente conculcados por estas disposiciones y la llamada Ley Antibloqueo se constituye en una muestra más de lo aquí señalado. Somos un país cada vez más pobre, con una población sumida en la más absoluta de las miserias y con un cementerio de empresas, sin la más mínima posibilidad de seguir aportando empleos dignos y calidad de vida para los habitantes de esta nación", argumentan.

Por otra parte dicen que la ley ” faculta el ejercicio de un poder ilimitado, saltándose todas las vías y canales regulares que suponen sus límites y controles, poniéndose por encima del ordenamiento jurídico vigente, el cual puede incluso ser inaplicado discrecionalmente. Debido a ello, levantamos nuestras voces de alerta y protesta ante esta nueva arremetida en contra del Estado de Derecho, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

"Preocupa también que en el marco legal recientemente aprobado, se pretenda, sin procesos de transparencia, la reprivatización de empresas que, en su oportunidad, fueron expropiadas o expoliadas, condenando las mismas a su paralización y posterior cierre, bajo un mecanismo de total opacidad y sin respeto a los derechos de defensa de la propiedad de sus legítimos dueños", argumentan.