Caracas.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió durante un lapso de 90 días la aplicación de instrumentos correspondientes a tasas o contribuciones de naturaleza tributaria impuestas por concejos municipales y legislativos de los estados venezolanos.

Dicha interrupción se aplicará de igual manera a cualquier decreto o acto administrativo de efectos generales dictado con la misma finalidad por los alcaldes y gobernadores de cada región.

El decreto se plasmó en la sentencia número 078-2020 expedida por el TSJ, donde adicionalmente se solicitó al vicepresidente sectorial del Área Económica y ministro de Industrias y Producción, Tareck El Aissami, la conformación de una mesa técnica con gobernadores, alcaldes y el jefe de gobierno del Distrito Capital, con el objetivo de establecer los parámetros dentro de los cuales ejercerán su potestad tributaria para armonizar lo referido a los tipos impositivos y alícuotas de los tributos.

Asimismo, la decisión tomada por Arcadio Delgado Rosales, vicepresidente de la Sala Constitucional del máximo juzgado nacional, establece la presentación de un informe detallado acerca de las actuaciones desplegadas en ejecución de la presente sentencia por parte del funcionario El Aissami.

La Sala Constitucional hizo referencia al fallo que en caso de que las distintas personas político-territoriales ejerzan sus competencias en materia tributaria, “debe hacerse conforme con los principios y valores que informan al sistema tributario en general, señalados en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar que las entidades político-territoriales no excedan los límites constitucionalmente establecidos”.

Finalmente destacó que la coordinación y armonización del ejercicio de las potestades tributarias de los estados y municipios que ordena el Texto Fundamental, permitiría homogeneizar tanto los tipos impositivos como los procedimientos tributarios, a fin de que los contribuyentes que realizan su actividad económica en diferentes entidades, tengan un mínimo de certeza sobre los procedimientos tributarios y cargas fiscales que genera su actividad productiva, con lo cual se estarían creando condiciones que tiendan a promover y mantener el desarrollo económico y social del país.