No hay dogmas, hay paradigmas: O el Estado es empresario o no lo es. Y la posición no pasa por la posesión o no de empresas; pasa mas bien por una línea de pensamiento que sirva de soporte a políticas de Estado.

Si esa línea dice que el Estado no es empresario, entonces deben comenzar a desmontarse los instrumentos legales y regulatorios que reafirman su dominio sobre los bienes y recursos de producción y servicio. Desatándose en consecuencia un proceso de desestatización que conduzca a la transferencia a manos privadas de las actividades empresarias, comerciales, de producción y de servicios que estén siendo desarrolladas por el Estado. Todo esto en el marco de una política clara y definitiva.

Ahora, si la línea de pensamiento dice que el Estado será empresario, entonces deberá trabajarse para transformar los instrumentos legales y regulatorios existentes, de forma tal de asegurarles a las empresas públicas un tratamiento diferenciado con respecto al resto de la Administración (gobiernos central y descentralizados).

Debe comenzarse por diseñar un modelo de manejo de las empresas que las saque del ámbito de Gobierno, y las asigne a un área jurídicamente diferenciada que les brinde un estatus especial para permitirles actuar con efectividad en los mercados, compitiendo con empresas privadas.

No hay que olvidar que un estado, por definición, no persigue fines de lucro; mientras que una empresa sí. Si el Estado va a intervenir como empresario, debe aislar a sus empresas del ámbito de lo “sin fines de lucro”, para permitirles operar en igualdad de condiciones en los diferentes mercados en los que actúen.

Los gobiernos se han caracterizado por una orientación a la eficiencia, con poco éxito en la efectividad; mientras que las empresas, sin dejar de lado la eficiencia, deben consolidar la efectividad, pues si ellas no lo hacen, su competidor lo hará.

El hecho de que el Estado decida ser empresario, no anula las leyes del mercado; simplemente se le aplican a él también. Y una vez allí, puede decidir si las cumple o no. Si decide cumplirlas, debe crear un Modelo de Estado Empresario, dando señales claras a los inversores privados de que pueden invertir y planificar con niveles de riesgo medible.

Si por el contrario decide que no las cumplirá, entonces creará distorsiones que se reflejarán en precios bajos y calidad baja.

Un estado empresario tiene por principio, un poder extraordinario sobre el mercado, por lo cual debe autolimitarse, a través de las reglas del Modelo de Estado Empresario, que trata de simular una situación de competencia.

La simulación planteada pretende inducirle a la empresa una competitividad genuina que la convierta en una empresa excelente, partiendo del principio de negocios de que la calidad no se obtiene por decreto; se obtiene porque es un buen negocio tenerla. Por eso, los servicios públicos serán buenos solo si es negocio que sean buenos.

Los razonamientos van orientados a evitar que las empresas en manos del Estado se conviertan en instrumentos de política y en vehículos de subsidios. Las políticas deben ser parejas para todos, y los subsidios deben declararse abiertamente como tales, como transferencias directas, y no como reducciones de precio en bienes o servicios.

Sin desconocer que existen áreas de servicio en las cuales el estado debe dar un subsidio por precio, pero debe dárselo a todos, a las empresas públicas y a las privadas. Algunos ejemplos son el transporte subterráneo y las empresas de servicio eléctrico residencial, que siempre requerirán un subsidio en el precio, ya sea que las empresas sean públicas o privadas. 

Por eso, si hay una política de Estado que confirma que será empresario, y que va a competir con el sector privado, tiene que hacerlo evitado los mensajes confusos y enviando mensajes claros; las reglas de juego van a ser iguales para todos: la rentabilidad económica va a ser un marcador para todos.

De otra manera es difícil que coexistan empresas privadas y públicas en un mismo mercado, porque si a la pública no le interesa la rentabilidad, entonces su mecanismo de toma de decisiones será distinto y podrá crear distorsiones que en definitiva comprometerán la calidad del producto o servicio, y a la larga su continuidad.

El Modelo de Estado Empresario al que me refiero debe reconocer que si se le induce a una empresa toda la carga de control y fiscalización estatal, o bien la saca de mercado, o bien la obliga a tener pérdidas. Esto implica sacarlas de la esfera de los ministerios o entes tutelares o de adscripción (para evitar la contradicción de los manejos administrativos, niveles salariales, carreras, bonos por producción, métodos de contratación, y sistemas de control, entre otros que se han evidenciado en los últimos veinte años).

También debe asegurarse que los nombramientos en esas empresas, a todos los niveles, sean basados en un esquema de carrera por mérito y resultados, y que los mas altos cargos se decidan por concurso de credenciales y con la aprobación de una comisión especial del Congreso, debiendo durar en sus cargos el tiempo que establezcan los estatutos. De esa forma se independizaría el ámbito político (de alta influencia a nivel de Gobierno) del ámbito empresario.

Una empresa pública debe poder quebrar; y solo permitir reposición de capital cuando las condiciones de rentabilidad y nicho de mercado a mediano plazo, lo aconsejen.

Un criterio de diseño del Modelo de Estado Empresario, debe ser la separación formal entre la generación de políticas sectoriales y la gerencia de la empresa. Esto es que la actividad se regula en su conjunto, y las empresas, las públicas y las privadas, las cumplen. Esto debe reflejarse en la independencia de las juntas directivas con respecto a la acción de Gobierno.

De otra manera se estarán enviando señales negativas a los empresarios privados, por aquello de que si una empresa juega con reglas distintas a las de perseguir la rentabilidad económica, entonces se perjudican las que si lo hacen pues por seguir un marcador de competencia, podrían tener que asumir pérdidas y tener que abandonar la actividad. Por eso las señales son importantes para atraer o espantar al inversionista. Claro, todo esto asumiendo que un gobierno que decide mantener un rol empresario, también decide que coexistirá con empresas privadas.

El proceso de toma de decisiones empresarias se mueve en un plano totalmente distinto al de la toma de decisiones de Gobierno. Si un gobierno quiere que las empresas (públicas y privadas) tomen decisiones alineadas con su política de Estado, debe crear las condiciones económicas para que así sea.

Lo que es bueno para el Gobierno, no puede ser malo para la empresa; y viceversa.

A estas alturas de nuestra civilización latinoamericana y vernácula, inserta en un sistema mundial de interdependencias casi irreversibles, no se justifica que haya dogmas sobre si todas las empresas deben ser públicas o todas privadas; lo que si debe haber es un paradigma (referencial, disculpando la redundancia) que permita visualizar con claridad las reglas de juego y que se refleje en la acción de Gobierno y en la reacción de los gobernados.

Cada ley, cada decreto, cada decisión de Gobierno, debería seguir un patrón definido y predecible; dentro de un modelo de comportamiento que le permita a cada empresa reconocer las buenas y las malas decisiones. No hay que olvidar que una decisión puede ser buena o mala según el modelo de referencia y de rentabilidad, tanto social, como económica.

(*) Economista. Socio Ejecutivo de la Firma de Consultores Gerenciales
Nueva Tecnología de Negocios – NTN
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