Caracas.- El pasado 19 de febrero el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES - UCAB) planteó como posibilidad para estabilizar el contexto fiscal de la nación la creación de “cláusulas de escape” y de un consejo independiente para monitorear los fenómenos jurídicos y fiscales que atraviesa el país y crear una cultura más consciente de la información económica.
Zambrano advirtió que tanto Venezuela como el petróleo “ya no volverán a ser lo que eran” por la crisis económica duradera y la “desigualdad intergeneracional y territorial”, que han causado una hiperinflación prolongada, una economía informal, un gran problema de endeudamiento y una dolarización que será “muy difícil de revertir”.
El profesor indicó que se deben realizar unas normas fiscales eficientes que entiendan el nuevo contexto nacional para proponer a los organismos multilaterales, ya que “si no lo hacemos nosotros, lo más seguro es que nos lo impongan”.
Dentro de las propuestas de la institución, la profesora María Moreno explicó que frente a la información inexacta entre las instituciones y la población en materia fiscal, así como la “injusta” distribución de los beneficios de los “recursos comunes”, se deben crear políticas fiscales temporales que permitan un resguardo financiero para fenómenos imprevistos, conocido como “Cláusulas de Escape de Segunda Generación”, que se activen gracias a los reportes de un “Consejo Fiscal Independiente de carácter vinculante” en conjunto con el Poder Legislativo.
Dicho consejo se caracterizaría por ser “un organismo público, con mandato legal para evaluar la gestión fiscal de manera pública e independiente de cualquier influencia partidista”, de eficiencia técnica y con una restricción para formular políticas públicas.
Moreno resaltó que estas condiciones permiten “la formación de la sociedad civil sobre lo que esperan de su gobierno y sus políticas fiscales y la formación de los políticos que desconocen las implicaciones técnicas de los procesos presupuestarios”.
Aunque se concluyó que no hay dificultades jurídicas para implementar estas propuestas, la transparencia de los procesos es clave para su ejecución.
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