Caracas.- El director de la Fundación Petróleo para Venezuela, Francisco Rodríguez, reiteró que Venezuela está en una “condición de default” y por tanto, “no puede pagar toda su deuda”.
Manifestó el economista la necesidad de adelantar un proceso de reestructuración de los compromisos externos del país, tras explicar que el Producto Interno Bruto (PIB) ha caído a menos de 80 mil millones de dólares, lo cual hace que “por lo menos hasta que la nación logre recuperarse, sea imposible para el Estado pagar la deuda en las condiciones establecidas originalmente”.
Reestructurar la deuda, confió, significa que “habrá que reprogramar pagos de las obligaciones de Venezuela, incluidos los bonos y dentro de ese acuerdo, es perfectamente razonable que los acreedores acepten cobrar o un monto menor, o en otro momento distinto al establecido en el contrato del bono”.
En ese sentido, dijo el analista, “cuando los países atraviesan este tipo de crisis es normal que la deuda se reestructure y que los bonos no se paguen tal como estaban originalmente programados. Aquí tenemos un bono en el cual existe una garantía y, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro entró en default sobre toda la deuda, eso no había afectado el bono de Pdvsa 2020 porque tanto su gestión como la de (Juan) Guaidó lo habían pagado por el temor a perder Citgo”.
Rodríguez consideró que “lo lógico es llegar a un acuerdo con los acreedores que tome en cuenta el hecho de que ellos tienen un derecho sobre ese activo y que ese derecho hasta que la Sala Constitucional no decida lo contrario, fue emitido de acuerdo con la ley y la Constitución (y así además lo reconocerán las cortes norteamericanas) y también donde los acreedores le den la flexibilidad necesaria a la nación y que contemple que el país no está en condiciones de pagar esto”.
Y argumentó que una reestructuración, desde el punto de vista legal, “no se puede hacer con las actuales sanciones financieras. Pero, en el momento en que se logre resolver la crisis política, sí se puede”.
Planteó entonces la figura de la “moratoria de la deuda externa, que podría tener un período de duración de 3 a 5 años durante el cual no se paguen intereses ni amortización, y que los acreedores lo acepten”. Al mismo tiempo, “dejar para el final de ese período la definición de cuánto se les puede pagar”.
El especialista estimó que al término de ese lapso se haya alcanzado “una solución a la crisis política del país y habiendo logrado el consenso para la aplicación de las políticas económicas adecuadas, Venezuela debería experimentar un crecimiento muy fuerte. Eso quiere decir que nuestro país podría recuperar la capacidad de pago en el plazo antes citado”.
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