Dick Torres
El especialista valoró los argumentos del parlamento venezolano que por segunda vez cuestionó la forma adoptada por el Ejecutivo Nacional para adquirir esa deuda externa por considerar que viola el artículo 150 de la Constitución Nacional, el cual establece que para la celebración de contratos de interés público nacional se requerirá de la aprobación del poder legislativo.
Recomendaciones a la AN
El economista recomendó a la AN enviar el acuerdo legislativo al Tribunal Supremo de Justicia que fue designado por el parlamento en julio de 2017, conocido como TSJ en el exilio.
Rodríguez también propuso a la AN reformar la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público para eliminar la excepción que permitía a Pdvsa emitir bonos y poner activos en garantía sin aprobación legislativa.
Asimismo, pidió al parlamento corregir la omisión legislativa al no discutir la emisión del bono Citgo Holding 2024, una empresa del estado venezolano que puso en garantía el 100% de sus activos, “que debe ser aprobado por la AN”, agregó.
Durante la sesión, la AN ratificó que la emisión del Bono de Pdvsa 2020 violó también los artículos 311 y 312 de la Constitución por considerar que las condiciones financieras por las que se adquirió esa deuda fueron lesivas al patrimonio nacional “debido a la irracionalidad bajo la cual Pdvsa estructuró el canje y posterior emisión”.
El debate sobre el Bono de Pdvsa 2020 se produjo debido a que el próximo 27 de octubre vence el plazo para pagar una amortización de 913 millones de dólares de un total de 1,7 millardos de dólares.
Durante la discusión, el diputado Alfonso Marquina, miembro de la Comisión de Finanzas, alertó que la deuda de los Bonos de Pdvsa 2020 compromete el 51,1% de los activos de Citgo.
Los bonos 2020 fueron ofrecidos por el gobierno venezolano, a través de Pdvsa, el 16 de septiembre de 2016, como canje tras el vencimiento en 2017 de sus compromisos externos.
La medida aumentó las obligaciones de Pdvsa durante 2016-2020 por 1.102 millones de dólares, dividido en 569 millones en pagos de capital adicional y 533 millones en pagos de intereses adicionales, de acuerdo con las estimaciones publicadas en el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional durante la sesión ordinaria de este martes.
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