El peor enemigo del consumidor ha sido el modelo económico imperante, sostiene Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de Venezuela (Anauco), al abordar lo que considera una grave realidad: la pérdida de los derechos que anteriormente lo amparaban por ley para hacer valer sus reclamos, abolidos y reemplazados por severos mecanismos de control y supervisión de empresas, lo que ha propiciado, entre otras cosas, el escaso, nulo o intermitente acceso al alimento, consecuencia también de una inflación galopante.

El presidente de Anauco detalló el estado de algunas acciones en las cuales están involucrados, como el de las prótesis mamarias PIP, en fase conclusiva en París, donde un número apreciable de venezolanas cobrará próximamente sus indemnizaciones, al ganar la demanda que introdujeron. En cuanto al caso de La Venezolana, donde representan a los 7 mil compradores que pagaron la cuota inicial por unos carros chinos que nunca les entregaron, reiteró su extrañeza de que el Tribunal Supremo de Justicia le haya dado tantas largas a la petición de audiencia de un juicio que afecta a tantos ciudadanos, lo cual contrasta con la celeridad con la cual resuelve otras acciones, sobre todo de índole política. Esta actitud contrasta con el apoyo recibido por Anauco de las autoridades panameñas en la demanda, actualmente en curso, que introdujeron contra cuatro empresas de taxis de aquel país que estafaron a una cantidad sustancial de venezolanos. 

-Desde el inicio de Anauco, hace 17 años, hemos podido ver que el consumidor venezolano ha venido perdiendo todos esos derechos que durante decenas de años se han conquistado en el mundo, estandarizados y adoptados en Constituciones, y aunque en nuestro país también lo están, son letra muerta. Un ejemplo es el acceso al alimento, que figura en el artículo 305, pero que aquí no ha sido ni permanente ni oportuno, como lo señala este artículo. De hecho, el abastecimiento es intermitente. Luego está la inflación, que acompaña esas dificultades de acceso al alimento, pues no puedes tenerlo si no lo puedes pagar, o si no lo consigues. No hay ni siquiera un organismo de defensa especializado, como fue el Indecu o el Indepabis, sino que fueron transformados por leyes que tienden más a la supervisión de empresas, como la ley de Precios Justos, que sustituyó a aquella famosa ley para la Defensa del Consumidor, que lo dotaba de herramientas de reclamo y obtención de indemnizaciones. Eso ya no existe en la legislación venezolana. Pienso que hay que retomar esa senda, que en todos los países ha producido una calidad de vida con unos niveles muy superiores a los nuestros.   

-Cambiando el modelo económico, que ha sido el peor enemigo del derecho del consumidor, porque es un modelo de supervisión y control que ha roto la libre competencia. Hay que retomar la vía de la libertad económica, que es la que en cualquier país de Latinoamérica se utiliza, más allá de su ideología política. Hay países con pensamiento socialista que apelan a la libre competencia. 

-Tenemos un portal web, que es www.anauco.net, y allí vamos recibiendo todos los días denuncias. Cuando se concentran en un mismo hecho, y ya esto adquiere un carácter de más de cien personas, lo empezamos a ver como una acción colectiva. Nos hemos llevado sorpresas: acciones colectivas que comienzan con cien personas y luego terminan siendo miles, como son los casos, que actualmente estamos llevando como bandera: el de las prótesis mamarias PIP y el de La Venezolana, la concesionaria de los carros chinos. 

-Cuando son casos masivos, como el de las PIP, donde para estar en la justicia francesa hay que pagar una estampilla, además de una cuota de 300 euros que el Colegio de Abogados exige a sus afiliados que reciben un caso, más el gasto del tribunal, nosotros no les cobramos a las demandantes, sino que asociamos a un financista, Oliver Aumaitre, el abogado francés que lleva la causa con nosotros a través de una asociación que se llama PIPA World. Mediante un acuerdo con Anauco, él viene costeando todos los gastos que se requieren para ir adhiriendo mujeres al caso. Al final, cuando ellas recuperen su indemnización, el tribunal acordará los gastos que se obtuvieron allí. 

-Ha sido un caso muy complejo, no solamente en el tiempo, pues duró siete años aproximadamente, sino porque además es una batalla judicial con un gigante económico. Se trata de la certificadora TÜV Rheinland, una empresa alemana, de las más poderosas del mundo. Ellos se defendieron muy bien y agotaron todas las instancias. A la fecha ya tenemos cinco juicios. En el primero ganamos en primera instancia, pero ellos apelaron y lograron anular la sentencia, ya que la Corte estableció que esa empresa certificadora no tenía responsabilidad, porque había sido engañada también por el fabricante. Entonces acudimos a Patric Espinosi, un abogado especializado en apelaciones, y con él ganamos en casación, lo cual propició que se elaborara una sentencia sustituta a la que se nos anuló. El próximo 16 de octubre es la reunión final ante la Corte, donde esperamos salga humo blanco y ya tengamos la resulta de ese juicio, que es el pago inmediato a todas estas mujeres. En ese proceso yo tengo la representación de 600 venezolanas, que están esperando ya por esa decisión para cobrar su indemnización. 

-A partir del segundo juicio hubo un cambio importante, pues el tribunal de primera instancia, decidió, por la experiencia anterior, que mientras se llegaba al final se estableciera una indemnización provisional de 3.000 euros para cada mujer. Es como un adelanto mientras se decide. Las del segundo y tercer juicio ya cobraron los 3.000 euros, y ya estamos en proceso con las del cuarto y el quinto. Luego de que esto salga de primera instancia, en segunda instancia ya habrá la jurisprudencia, tendremos el monto y va a ser mucho más rápido. Ellas cobrarán allí la diferencia hasta lo que establezca la Corte de Apelaciones. Tenemos aproximadamente, ya en trámite, a 5.000 mujeres más, venezolanas, todas del cuarto juicio, cuya audiencia va a ser en noviembre y es posible que estén cobrando sus 3.000 euros en enero. 

-Citaré un caso venezolano y otro que está en el extranjero, para indicar cómo está el tema de la justicia en este país. El de aquí, muy sonado, es el del concesionario La Venezolana, que ofertó la venta de tres marcas de vehículos chinos. Se utilizaron instituciones públicas para mostrarlos y promocionarlos, incluso con publicidad alusiva a temas ideológicos y políticos. 7 mil venezolanos los compraron e hicieron el pago de la cuota inicial. Posteriormente, un ministro del gobierno anunció que no tenían que ver con esa empresa y que podría ser una estafa. Ahí se activa un proceso penal y uno civil. El Presidente de la República (para entonces Hugo Chávez) nombra una junta administradora para que tome los activos de la empresa. En el camino nos enteramos de que pareciera que hay pagos a las empresas ensambladoras chinas, lo cual sería la solución, pues si hay un dinero entregado, lo que estamos esperando son los carros. Iniciamos un proceso ante el TSJ y al principio sentimos que la justicia nos iba a apoyar, porque la acción resultó admitida con todos los hierros. Agotamos los trámites para tener la audiencia de juicio. Eso fue hace cinco años. 

-Que hubo una segunda Gaceta, ya con el Presidente Maduro, nombrando a otra junta administradora, de la cual, como la anterior, tampoco tenemos ningún resultado. Después que fue admitida, no hemos podido obtener la audiencia oral. Vemos cómo el Tribunal Supremo de Justicia, en temas políticos o de interés de algún organismo público, o por una solicitud de algún funcionario, actúa con una celeridad extraordinaria, mientras este caso, que atañe a venezolanos exigiendo sus derechos, no entendemos que se tenga prácticamente engavetado. Siete mil familias están esperando que se haga justicia. 

-Es el de cuatro empresas de taxis de aquel país, que hicieron un despliegue de publicidad aquí y captaron una cantidad apreciable de venezolanos. Se trata de Taxi Invest o Luz Verde Panamá, Tu Taxi Panamá, Mi Busito Panamá y New York Taxi Panamá. Aparentemente no son del mismo grupo, pero lo que nos llama la atención es que el modus operandi es exacto, los documentos son idénticos, el modelo de negocios, las cuotas, las formas de pago, todo está como hecho con un mismo molde. Cuando eso opera de esta manera, entonces uno comienza a sospechar que puede haber vinculaciones. Nos llama la atención que en todas hay algún venezolano, algún panameño y algún ítalo-venezolano. Nosotros en este caso activamos la justicia panameña y ya las demandas tienen un curso importante. Y también estamos activando la autoridad venezolana, para el resguardo de los activos acá en Venezuela y solicitar los alertas internacionales a que haya lugar. Este caso ha tenido todo el respaldo de las autoridades panameñas. Y pongo esto como comparación, porque aquí el Tribunal Supremo de Justicia nos tiene en vilo con lo de los carros chinos, en espera de una audiencia que no termina de convocar y que solicitamos hace ya varios años. 

-El modelo de negocios bancario es la intermediación financiera. La banca lo que hace es ofrecer que la gente deposite su dinero para ahorrar y tener un rendimiento por ese depósito y seguridad de que su dinero esté seguro y a buen resguardo. Luego ese dinero lo otorga en créditos y los intereses que cobra al prestatario son mayores a los que cobra al ahorrista. Hay una diferencia entre una tasa y otra y esa es la ganancia que tiene el banco. Así funciona la banca en todas partes del mundo, pero en Venezuela tiene una suerte de intermediación negativa. Más del 50 por ciento de los créditos son controlados y obligan a la banca a cobrar unas tasas de interés muy inferiores. Un porcentaje de toda la captación de la banca tiene que ir destinada a esos créditos. Luego le impones un encaje legal que es prácticamente inoperante. Otro elemento es la inflación. Mientras exista, es difícil que haya ahorro, porque meter el dinero en un banco para que se devalúe no es negocio para nadie. Luego viene la guinda de la torta, que es un Estado que supervisa de una manera radical: impone las comisiones, el encaje legal, la manera de operar, los tipos de créditos, los límites de las tarjetas de crédito; en fin, que la banca está totalmente regulada dejando poco margen para el negocio. 

-Lo que pasa es que no estamos recibiendo un servicio bancario que se apoye en su propia naturaleza. Si no podemos pedir créditos, las tarjetas de crédito no alcanzan ni siquiera para comprar lo mínimo, no tenemos capacidad de compra de una vivienda, ni estímulos para el ahorro, ¿para qué nos sirve el banco a nosotros? Como el efectivo no funciona, nos sirve sencillamente para tener unos puntos de venta y hacer nuestras transacciones, pero no como negocio. ¿Qué hacer? Volvemos al tema inicial. Es un tema de libre competencia y libertad económica. Yo creo que el Estado tiene que velar y supervisar que los derechos del consumidor estén presentes, que no haya especulación, que la libre competencia sea verdaderamente sana, pero de allí a imponer precios, comisiones, tasas, tarifas, cantidades de créditos y formas de darlos, hay un trecho muy grande. Venezuela tiene todo para volver a arrancar, pero para eso se debe voltear totalmente el modelo económico y añadir un ingrediente fundamental, que es la confianza.