Caracas.- La Ley de Impuestos a Grandes Patrimonios, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y que regirá para empresas públicas y privadas, entrará en vigencia en 60 días aproximadamente, informó Keyla de la Rosa, integrante de la Comisión de Economía de esa instancia.
Dijo que con ese nuevo texto legal pagarán impuesto todas aquellas personas naturales que posean un capital superior a los 36 millones de Unidades Tributarias (UT). Y en el caso de las personas jurídicas, precisó, se pechará solo a quien posea más de 100 millones de Unidades Tributarias: esto irá desde un 0,25 a 1,50%.
Esta Ley, publicada en Gaceta Oficial N° 41.667 del 3 de julio de este año, “busca pechar a los grandes capitales y a esos capitales que han nacido por la especulación de algunos empresarios en el país”, destacó.
La norma consta de 30 artículos y 6 disposiciones transitorias en 5 capítulos, en los cuales se incluyen bienes comunes como muebles, inmuebles y artículos. También negocios y propiedades como aviones, yates, vehículos, acciones, cuotas, sociedades, entre otras.
Asimismo Keyla de la Rosa explicó que solo quedarán exceptuados de dicho impuesto, la vivienda principal siempre y cuando no exceda los 65 millones de UT. “La idea es evitar que sigan crecientes estos grandes capitales por la especulación”, señaló la constituyente.
La intención del instrumento, según confió, es que tanto las empresas públicas como privadas declaren sus patrimonios, qué hacen y de dónde provienen estos, y así el gobierno pueda certificar que dicho impuesto recaudado no recaiga sobre los sueldos y salarios de los trabajadores. Además resaltó en VTV que el nuevo estatuto será un tributo progresivo como es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por lo cual se trabajará conjuntamente con el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Ahogo a las empresas
Fedecámaras, a través de un comunicado, manifestó su preocupación por el “excesivo incremento en la carga tributaria que se le ha venido aplicando en los últimos tiempos y que, en algunos casos supera el 400%”.
Adicionalmente la organización gremial precisó que el “establecimiento de una diversidad de formas de pago, que incluyen la moneda nacional, las divisas y el petro, dificulta enormemente el procesamiento, administración y pago de los tributos por parte de las industrias y los comercios, tornándose así en una carga impositiva que ahoga la capacidad de pago de las empresas, en un escenario de recesión económica que ha afectado los volúmenes de consumo y de venta de bienes y servicios” en el país.
El empresariado manifestó que “todo ello afectará, aún más, el desenvolvimiento de la actividad productiva y el crecimiento de la economía, más aún el acceso de los ciudadanos a bienes y servicios indispensables para la vida diaria”.
Consideró que “el impuesto a los grandes patrimonios, aunado a los elevados niveles de incremento en los tributos municipales aprobados recientemente, de manera anárquica y desarmonizada, ponen en mayor riesgo la sostenibilidad de las empresas que aún operan en el país, sobre todo las medianas y pequeñas que, ante la crítica situación financiera y la enorme carga tributaria, se verán obligadas a cerrar”.
Fedecámaras indicó también que la ley “no prevé mecanismos para evitar la doble tributación. Son gravados bienes, cuyo impuesto fue anteriormente pagado al momento de su adquisición, bien a través del ISLR o a través del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ello tendría efectos confiscatorios”.
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