Caracas.- Las Comisiones de Contraloría y Finanzas de la Asamblea Nacional investigan el retiro de grandes cantidades de dinero en efectivo que desde el pasado 23 de enero han venido realizando altos funcionarios de embajadas de Venezuela en Europa y América.
El diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión de Finanzas, explicó que esa instancia legislativa en colaboración con los gobiernos de Europa, Estados Unidos y países de América logró “congelar más de 3.200 millones de dólares en cuentas bancarias”.
“Esos activos quedaron protegidos y fuera del alcance del presidente Nicolás Maduro”, argumentó y explicó que el pasado 15 de enero la AN aprobó un acuerdo para protección de activos del país en el exterior.
Dijo que gracias a esa resolución legislativa se pudo “identificar” 72 cuentas en bancos internacionales con la colaboración de países que apoyan a Juan Guaidó y que en la actualidad suman más de 60 gobiernos.
Indicó que esas cuentas en situación de “protección por la AN”•representan 80% de los activos líquidos de la nación”
Señaló que desde el parlamento la Comisión de Finanzas está trabajando para evitar que “funcionarios del Gobierno continúen apropiándose de manera indebida de los recursos financieros del país”.
Dijo que son cuentas de organismos del Estado y que esa cantidad se suma al monto bloqueado en enero por el gobierno de EEUU por $7 mil millones en el caso de Citgo, tras las sanciones económicas.
Agradeció la cooperación de los países ante la preocupación en la transparencia que debe guardar el uso de recursos públicos y denunció que diplomáticos venezolanos “estarían malversando activos de la nación”.
“Los niveles de información en Venezuela sobre las finanzas del Estado tienen un manto de secretismo y es extraño ver a un Ministerio entregar y publicar cuentas por eso se investigó para armar un rompecabezas y protegerlos activos en el exterior”, señaló.
Dijo que delegaciones diplomáticas, después del 23 de enero, comenzaron hacer retiros en efectivo violando procedimientos en el manejo de los fondos tales como órdenes de pagos para la contratación de servicios prestados que deben ser auditables y corroborados.
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