Caracas.- Para el economista Héctor Mantilla la prolongación de la inamovilidad laboral hasta el 2020 es una medida errónea que forma parte de los controles gubernamentales que, a su juicio, no resuelve los problemas de “estancamiento” de la economía venezolana.
“Todo tipo de control debe ser coyuntural o de tiempo corto, para atacar de inmediato a un factor determinado”, explicó Mantilla, profesor de la cátedra de Financiamiento y Mercado de Valores en la Universidad Nueva Esparta.
“Cuando una persona tiene fiebre se debe atacar el foco de infección por lo que la inamovilidad es un mecanismo de control gubernamental al mercado laboral venezolano que evade la lógica económica para que haya inversión, producción, crecimiento y prosperidad en el país y eso solo se consigue generando confianza en el sector industrial y empresarial”, agregó.
Las declaraciones del economista fueron en respuesta al anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre el decreto de inamovilidad laboral para los próximos dos años.
A finales de 2015 fue firmada la ley que garantizaba la inamovilidad laboral por los años 2016, 2017 y 2018 como parte de las medidas de protección a la clase obrera.
“El gobierno ha venido tomando este tipo de medidas desde hace 10 años y, sin embargo, no ha logrado solucionar los problemas de desempleo en el país”, dijo Mantilla, quien observó que en el sector público esa medida no se cumple debido a que la Inspectoría del Trabajo nunca ha contrariado los despidos que afectan a los funcionarios que trabajan para el Ejecutivo.
Por su parte, el economista Orlando Ochoa, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, preguntó a través de un mensaje en su cuenta Twitter ¿De qué sirve la inamovilidad laboral por 2 años? Cuando el Gobierno ha reducido la economía venezolana a menos de la mitad en 6 años.
El experto criticó que el gobierno pretenda erigirse como defensor de los puestos de trabajo cuando ha expropiado a cientos de empresas y otras miles han quebrado como consecuencia de los efectos de la hiperinflación que en 2018 supera el 1.5 millón por ciento y la destrucción del Bolívar.
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