En cuanto a la derogación del Régimen de Ilícitos Cambiarios dice ser “bastante escéptico”. Recordó que “no es la primera vez que el gobierno de Maduro presenta reformas al régimen cambiario que desde el punto de vista legal hacen posible la operación de un mercado paralelo donde el precio se determina de acuerdo con la oferta y la demanda”. 

Sin embargo, asegura que “el Gobierno ha intervenido en el proceso de fijación de precios, de forma de impedir que el valor de la divisa se acerque al precio de mercado. Al mantenerlo artificialmente bajo han creado un problema persistente de exceso de demanda y de insuficiencia de oferta. “Al final de cuentas es el Gobierno el que tiene que alimentar estos sistemas, pero no puede hacerlo. En las actuales condiciones no tiene la capacidad de producir suficientes divisas como para abastecerlo”. 

Rodríguez considera que el Gobierno debe estar dispuesto a tolerar un tipo de cambio distinto al que las autoridades tienen en mente. En particular, uno cuya tasa se parecerá a la tasa del mercado paralelo. De manera tal que determinó que “en la medida en que no veamos ese cambio de dirección, es muy posible que el nuevo sistema cambiario que se está presentando sea una reedición de sistemas anteriores”.

Con respecto a la deuda que el sector privado tiene con proveedores internacionales, señaló que existe un vacío legal no solo en este tema sino en muchos otros, porque el Gobierno no ha regulado el nuevo mercado cambiario. “Lo que ha hecho es remover las restricciones que existían, especialmente aquellas que establecían penalidades por la participación en estos mercados. Falta una revisión exhaustiva al marco regulatorio para definir cómo operará este nuevo sistema cambiario. En este momento estas deudas se rigen por el tipo de cambio Dicom. Faltaría que el Banco Central publique un nuevo convenio cambiario para ver si efectivamente esas deudas van a ir a la nueva tasa del mercado”. 

 “Yo creo que la derogación directamente no tiene un efecto sobre la hiperinflación”. El economista es escéptico incluso en un escenario positivo con un mercado cambiario libre. “Hay países que han tenido hiperinflación con tipo de cambio flexible, donde la moneda se deprecia al igual que se deprecian los activos. Lo que ocurre en el caso de la hiperinflación es que tiene en su fundamento un problema monetario: el Gobierno está imprimiendo dinero para cubrir su déficit fiscal. Mientras eso siga ocurriendo, la hiperinflación seguirá y esto puede ocurrir en un sistema de tipo de cambio flexible, fijo, de control de cambio, en todos los sistemas cambiarios”. Concluye que el Gobierno debe tener un programa de estabilización macroeconómica, el cual contemple un plan fiscal para asegurar que las cuentas fiscales se equilibren y el país tenga un déficit fiscal que sea financiable sin imprimir dinero. 

Sobre la reconversión monetaria explicó que este proceso “no tendrá mayor efecto sobre la economía más allá de facilitar transacciones que en este momento, por la inadecuación de las monedas a los precios actuales, se habían hecho extremadamente difíciles”. Añade que “con monedas de mayor denominación será más fácil hacer transacciones y aumentará la cantidad de dinero real en circulación”. Advierte que las nuevas denominaciones no son acordes con los precios de la economía y menos con el ritmo de incremento de precios. “El billete de más alta denominación valdrá solo 20 centavos de dólar a finales de año”, en medio de este proceso hiperinflacionario habría tenido más sentido quitarle más ceros a la moneda e introducir billetes de más alta denominación, explicó. 

Consultado sobre su posición en relación con lo expresado por Hermánn Escarrá, quien refirió la necesidad de sustituir en la nueva Constitución el “mecanismo rentista petrolero monoproductor”para ir a un sistema productivo plural de mayor participación con nuevos esquemas en la forma de organización empresarial, de organización de la propiedad, de participación del capital, del sentido social de ese capital, de traducción del Estado Social de Derecho en derechos fundamentales y de sustituir todavía los vestigios del Estado neoliberal, Francisco Rodríguez manifestó estar “en profundo desacuerdo con su argumento central. 

Venezuela tiene un sistema monoproductor por el exceso de regulación estatal, no por su carencia. Para diversificarse, el país necesita un sistema de precios y de incentivos que funcione. –Este es un país que ha sufrido un shock externo muy fuerte y cuando esto ocurre las economías de mercado tienen mecanismos que le permiten reaccionar para contrarrestar el efecto de estos choques”. 

Agregó que “la depreciación del tipo de cambio lleva a que aumenten los incentivos para producir bienes transables y eso permite sustituir importaciones e incentivar exportaciones no tradicionales. Eso no está ocurriendo en Venezuela u ocurre en un grado muy limitado, porque el Gobierno no permite que el sistema de precios funcione. 

Lo que está planteando Escarrá es profundizar el sistema de control estatal y los mecanismos de asignación de recursos distintos del mercado”, determinó Rodríguez. 

El tipo de políticas que parecieran estar promoviendo los redactores del nuevo texto constitucional, basadas en cambios en la forma de participación del capital, en realidad es una frase un poco vaga para hablar de mayor intervención del Estado, de menores libertades económicas y derechos de propiedad más limitados, dice al tiempo que señala que “esas son justamente las intervenciones que han hecho que Venezuela no haya podido construir una economía diversificada”. 

Concluyó que tal visión “apunta a que el nuevo proyecto constitucional no irá en la dirección de resolver problemas fundamentales en la economía venezolana”.