Caracas.- Pdvsa US Litigation Trust, un grupo constituido para demandar a unas 44 empresas a nombre de la compañía estatal venezolana, enfrenta esta semana una fecha clave para la continuidad de sus pretensiones ante la justicia estadounidense.
El tribunal federal que lleva el caso dio un plazo hasta el 13 de julio para recibir información acerca de cómo planea el grupo probar que realmente trabaja para Petróleos de Venezuela, según documentos judiciales vistos por la agencia Red Latam.
En marzo, Pdvsa US Litigation Trust introdujo una demanda en el Distrito Sur de Florida en contra de un grupo de empresas y personas que señala de obtener información privilegiada, lograr contratos, comprar petróleo por debajo del precio del mercado y pagar sobornos a funcionarios de la estatal petrolera.
La entidad, que está demandando a los comerciantes de petróleo para recuperar miles de millones de dólares para la petrolera estatal venezolana, enfrenta desafíos legales de 23 de los más de 40 acusados.
El caso podría descartarse por completo después de que los representantes de Pdvsa y la República de Venezuela no se presentaran a las audiencias semanas atrás.
La juez Alicia M. Otazo-Reyes, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, dijo que Pdvsa US Litigation Trust “complementará el registro explicando cómo propone autenticar el acuerdo de fideicomiso, sobre el cual se basa la posición del demandante”.
El acuerdo de fideicomiso que puede entregar derechos de litigio fue firmado por funcionarios venezolanos, pero el grupo aún debe probar que la petrolera estatal venezolana consintió esa representación.
Los acusados llevaron.
Los acusados llevaron en junio a la empresa Algamex a un interrogatorio bajo juramento, porque presumen que “podría estar suministrando los fondos para el pago de tarifas, gastos y costos” de Pdvsa en el caso y ello podría violar las sanciones del Departamento del Tesoro o la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), según se conoció.
En el ojo del huracán
La petrolera estatal venezolana se encuentra en el ojo de un huracán de grandes proporciones motivado por la significativa deuda que las empresas consultoras de riesgo contabilizan.
El pasado 25 de junio trascendió que un grupo de inversores institucionales que tiene aproximadamente 13% de la deuda externa de Venezuela anunció que no respaldará plan de reestructuración de deuda alguno, si este no contempla un trato equitativo con todos los acreedores.
El llamado Comité de Acreedores de Venezuela emitió un comunicado que apunta a un consenso para adelantar una acción colectiva que evite “acciones legales disruptivas y costosas alrededor del mundo en busca de reclamos diseñados para beneficiar a ciertos acreedores a expensas de ellos”.
Las acciones del grupo, que en gran medida había permanecido fuera del centro de atención, podrían socavar cualquier acuerdo entre el Gobierno y varios acreedores acerca de temas de deuda específicos.
Entre la deuda soberana y de Pdvsa se acumulan más de $4.000 millones en pagos retrasados. El anuncio del grupo de acreedores muestra que los inversores con papeles en default se están organizando más, pero la mayoría de los observadores del mercado coinciden en que los tenedores de bonos no iniciarán reclamos legales pronto contra la empresa.
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