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A un año de su vigencia Ley de Alquiler se aplica a medias

El Gobierno todavía no ha podido fijar los cánones de arrendamiento

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El proceso de venta de los apartamentos en los edificios destinados al arrendamiento marcha lentamente ARCHIVO
MAYELA ARMAS H. |  EL UNIVERSAL
domingo 11 de noviembre de 2012  12:00 AM
Mañana se cumple un año de la entrada en vigencia de la Ley de Regularización de los Arrendamientos de Vivienda, y todavía hay aspectos de ese marco legal que están pendientes como el cálculo de la renta a cobrar por parte de los propietarios, la venta de los apartamentos que están en los edificios destinados al alquiler y los retiros de las consignaciones (pagos por tribunales).

Cuando el pasado año se promulgó la norma, el Presidente Hugo Chávez Frías señaló que "esta Ley no se fraguó desde el odio ni el revanchismo, lo que busca es proteger a los inquilinos y pequeños arrendadores". Sin embargo, con el tiempo la instrumentación de ese texto ha tenido obstáculos.

Renta pendiente

Luego de la entrada en vigencia, se ordenó a la Superintendencia de Arrendamientos organizar en un lapso de tres meses el registro de contratos a fin de proceder a la evaluación de los acuerdos firmados entre inquilinos y propietarios. Efectivamente, ese registro arrancó cinco meses después de la promulgación, y aunque algunos dueños y arrendatarios han consignado los contratos, hasta la fecha las revisiones y los cálculos de los cánones no se han podido materializar.

La norma estableció que para fijar el alquiler se tienen que tomar cuenta cinco aspectos: valor de reposición (precio del metro cuadrado), dimensión del inmueble, valor de depreciación, vulnerabilidad sísmica y región geográfica.

De todos esos parámetros, cuatro fueron incluidos en el reglamento de la Ley, pues al Ministerio de la Vivienda se le asignó la determinación del valor de reposición, estimación que no se ha publicado.

En días pasados, el titular del despacho, Ricardo Molina, dijo que se estaban efectuando jornadas con las organizaciones de inquilinos para tasar el metro cuadrado de las casas con "criterios socialistas", pero los voceros consultados de esas redes señalan que las revisiones siguen, de manera que aún no hay luz verde con los valores de reposición.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Aquiles Martini, expresa que ante los retrasos con los indicadores, "los contratos no se pueden ajustar y, por ende, nadie puede cumplir con la Ley de Arrendamientos".

Lento proceso

No solo el cálculo de las rentas está pendiente, también las ventas de las casas alquiladas.

La Ley insta a los dueños de los edificios que tienen más de 20 años destinados al alquiler a vender los apartamentos a los inquilinos. Y en una disposición transitoria fijó un plazo de 60 días para esas negociaciones, luego de la vigencia del texto; sin embargo, ello se ha cumplido muy lentamente.

Previo a la promulgación del texto, la Vicepresidencia inició las gestiones para facilitar la venta de los apartamentos alquilados en 100 edificios del Área Metropolitana de Caracas, y tras de la aprobación del marco legal, se delegó en la Superintendencia esas operaciones. Hasta la fecha, sólo en 12 edificios ha habido acuerdos.

Voceros de las organizaciones de inquilinos indican que esos procedimientos se han demorado. Y más allá de los 12 propietarios con los que ha habido pactos, se han realizado contactos con otros 30, pero el resto no ha manifestado su intención de ofertar esos inmuebles arrendados.

En el limbo

Otro de los aspectos de la Ley de Arrendamientos que está sin aclararse son los retiros de las consignaciones.

A mediados del segundo trimestre del año los tribunales que reciben esos pagos fueron cerrados, lo que afectó los depósitos de los inquilinos y los retiros por parte de los propietarios. Ante esa situación, la Superintendencia y el Banavih decidieron crear un fideicomiso para facilitar las consignaciones, pero el mecanismo no se encuentra activo.

El texto indica que si los propietarios no retiran las consignaciones antes del 12 de noviembre de 2012, el Estado puede disponer de esos recursos y traspasarlos al Fondo de Protección del Inquilino. Según estimaciones de Apiur, en los tribunales están colocados cerca de 70 millones de bolívares.

Efectos

Para el presidente del CIV el mercado de alquileres ya se había reducido con la congelación de 2003, pero con la nueva Ley, la contracción ha sido mayor. "La oferta de viviendas para arrendar es inexistente".

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