Venezuela alega que demanda de Exxon "conduce a la ruina"

Las audiencias por la demanda presentada por la petrolera estadounidense ExxonMobil en contra de Venezuela en octubre de 2007 ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a la Inversión (Ciadi) han continuado durante este año.

Y según se desprende del libro "En torno a la denuncia de Venezuela del Ciadi", escrito por la exmagistrada Hildegard Rondón de Sansó, la República alegó en febrero de este año ante el tribunal arbitral constituido, que las compensaciones por nacionalizaciones "no pueden ser desproporcionadas, como es la presente situación en la que se está exigiendo la fantástica suma de 17 mil millones de dólares tan solo en esta demanda arbitral", en alusión a otras reclamaciones presentadas por Exxon en otras instancias arbitrales por la nacionalización de los proyectos Cerro Negro y La Ceiba en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Los alegatos de Venezuela, citados por Rondón de Sansó, señalan que "se llega al extremo de solicitar múltiples y simultáneas medidas cautelares (...) destinadas a destruir nuestra empresa nacional de hidrocarburos y la economía del país".

Y en ese sentido, se asegura que "es menester recordar la entidad del demandante por cuanto Exxon es la empresa más poderosa del mundo, que ha intentando en contra nuestra el pago de sumas que, de ser acogidas, nos llevarían a la ruina", añadiéndose que "fue ella una de las dos empresas que demandaron (a Venezuela) con motivo de la nacionalización".

Asimismo, se manifestó ante el Ciadi que "una decisión de este Tribunal que acoja las exorbitantes e infundadas pretensiones de esta empresa demandante, que pretende beneficiarse de unos recursos por más de 23 años como si fuese la propietaria del territorio y sus reservas, significaría hipotecar -o algo más- el futuro de nuestros descendientes".

Pese a las cifra mencionada de 17 mil millones de dólares, en octubre de 2010 se conoció que la reclamación de Exxon en el Ciadi por Cerro Negro y La Ceiba se había reducido a 7 mil millones de dólares. Aún así, en septiembre de 2011 el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, dijo que "nuestra propuesta es de (pagar) 1.000 millones de dólares por sus activos", sin ninguna otra negociación.

La defensa de Venezuela ante el Ciadi indicó que "el hecho de que los demandantes sean conocidas empresas de Estados Unidos, pero que puede manipular el sistema de arbitraje internacional aparentando ser empresas holandesas, es un elemento que conspira contra la confianza que podamos tener en el arbitraje internacional".

Algunas de las observaciones hechas por la parte venezolana rezan que "no puede entenderse cómo los demandantes en el caso pueden permitirse formular las reclamaciones que el propio Tribunal había considerado fuera de su jurisdicción en julio de 2010".

También se expone que "después de la decisión de la Cámara de Comercio Internacional de diciembre de 2011, con la cual se determinó el monto de la indemnización para Cerro Negro, no puede entenderse cómo los actores continúan demandándonos por el mismo concepto con sumas exorbitantes que están por encima del monto calculado por ellos mismos, según la fórmula que acordaron hace 15 años".

Para Venezuela, "la soberanía no puede decidirse por tribunales internacionales".