El Estado se convirtió en el principal banquero del país

En 2009 la administración de Hugo Chávez no contaba con mayor presencia en el tablero financiero pero pronto se convertiría en el principal banquero del país.

Ese mismo año concretó la compra del Banco de Venezuela y en 2010 fusionó a Banfoandes, una pequeña entidad del Estado con cuatro bancos intervenidos (BaNorte, Bolívar, Central y Confederado) para dar origen al Bicentenario.

Al añadir estas dos fichas al rompecabezas financiero del Estado, que ya tenía al Banco Industrial, el Banco Agrícola y el Banco del Tesoro, el Gobierno adquirió una posición de dominio en el sector financiero.

Al cierre del primer semestre de este año, en conjunto, la banca pública controla 34,5% de los depósitos, 24,5% de los créditos y 35,8% de los activos.

Para tener una idea precisa del tamaño de la banca pública basta observar que Banesco, la entidad financiera privada con mayor presencia después del Estado, amasa 13% de los depósitos, 16,3% de los créditos y 12,5% de los activos.

La tendencia

La incursión del Estado en el sector financiero no es exclusiva de Venezuela.

Después de vivir su apogeo en la década de los setenta, la banca pública perdió espacio en América Latina durante la ola privatizadora que arropó a la región en los años ochenta y noventa. Sin embargo, en los 2000, ante los resultados decepcionantes en el acceso al crédito de las capas sociales de bajos ingresos y el poco desarrollo de los mercados financieros, el Estado comenzó a recuperar presencia en el terreno bancario.

Los teóricos que apoyan la presencia del Estado, argumentan que los bancos públicos son una herramienta eficaz para financiar a sectores con poco acceso al crédito, corregir fallas del mercado y en épocas donde el sector privado suele replegarse, mantener los préstamos y ayudar a que el motor de la economía continúe encendido.

En el extremo contrario, se esgrime que la banca en poder del Estado asigna créditos con criterios políticos y no económicos, suele tener altos niveles de morosidad, baja rentabilidad, elevados gastos de administración y al final representa un costo para quienes pagan impuesto.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo resalta que entre las características que definen a la banca pública eficiente en América Latina figura que la entidad no es sometida a presiones políticas para otorgar créditos, gerencia profesional, cumplimiento de las regulaciones establecidas para el sector privado y clara definición de los objetivos sociales.

Corte de cuenta

Las estadísticas oficiales indican que al cierre del primer semestre de este año todas las entidades financieras en manos del Estado reportan ganancias que suman 3 mil 703 millones de bolívares y en los bancos Venezuela, Bicentenario y Tesoro la morosidad es menor a 1%.

Los problemas en la calidad de los créditos son visibles en el Banco industrial y el Banco Agrícola, donde hay demoras para recuperar 17% y 13% respectivamente, del monto otorgado en préstamos.

Bajo control

A la par de estructurar al principal grupo financiero, el Gobierno recurre a las leyes para controlar la banca privada.

Las tasas de interés, las comisiones por servicios y 47 de cada 100 bolívares dirigidos al crédito están regulados y obligatoriamente deben dirigirse al agro, turismo, industria, microempresas e industria.

Si bien analistas han advertido que el exceso de controles puede impactar a la banca, un entorno donde el control de cambio garantiza abundante liquidez, junto a negocios como el Sitme, mantienen los beneficios en alza y en el primer semestre de este año las ganancias registran un salto de 132% respecto al mismo lapso de 2011 para ubicarse en 12 mil 838 millones de bolívares.

El avance

A pesar de controlar los hilos fundamentales del negocio bancario el Gobierno no tenía la facultad de decidir qué persona o empresa recibe créditos en las entidades financieras privadas, pero ya ha tomado medidas para conquistar este poder.

De manera obligatoria los bancos han comenzado a comprar bonos que emite el Estado y el dinero es entregado a organismos públicos que se encargan de distribuir créditos al sector agrícola y constructores de viviendas.

vsalmeron@eluniversal.com