Temen cierres de empresas en Aragua por cargas fiscales

Industriales del estado Aragua temen un cierre generalizado de empresas. La Gobernación de la entidad insiste en cobrar impuestos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Timbres Fiscales, reformada a finales del año pasado, pero los empresarios aseguran que esas tasas son desproporcionadas.

La semana pasada el Servicio de Administración Tributaria del estado Aragua (Satar) comenzó a inspeccionar empresas ubicadas en el eje Maracay-Cagua-La Victoria. De acuerdo a la prensa regional fueron sancionadas dos empresas. Marvikc Velásquez, superintendente del Satar, afirmó que las sanciones fueron por "evasión fiscal".

Esta semana las autoridades regionales amenazaron con el cierre a la empresa Vencerámica por no haber cancelado los timbres correspondientes al permiso de los bomberos, pero la oposición de los trabajadores frenó la medida.

Según fuentes consultadas, ese permiso le costaría a esta empresa 1,2 millones de bolívares por los incrementos de las tasas estipulados en la Ley de Timbres Fiscales.

"Si insisten en esa cobranza muchas empresas cerrarán, ni siquiera las más grandes pueden asumir esos costos", dijo un industrial.

En febrero pasado la Cámara de Industriales de Aragua (CIEA) denunció que la reforma imponía cargas económicas hasta 375 mil veces más costosas para trámites como el de la ficha catastral para una empresa de gran tamaño.

El pasado 28 de noviembre el Consejo Legislativo de esa entidad promulgó la reforma de la Ley de Timbre Fiscal. Tras los cambios en la legislación, el cálculo para saber lo que una empresa debe cancelar en timbres fiscales para determinados trámites se hace en función de la superficie de esa compañía.

En el estudio de la CIEA se ejemplificaba que si el año pasado una empresa grande dedicada a rubros de primera necesidad gastó 64,60 bolívares en la cancelación de la ficha catastral, la inspección de los bomberos y la licencia de actividades económicas, este año esos mismos trámites costarán poco más de 1 millón de bolívares.

Desde la entrada en vigencia de la ley, los empresarios de Aragua han solicitado a las autoridades regionales la "suspensión temporal" de la norma o la revisión de los impuestos fijados, pero ninguna de las dos peticiones ha sido valorada.

Ahora estudian acciones judiciales. Un recurso de nulidad o un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) son las dos opciones que contemplan. El sector industrial no es el único afectado, la actividad comercial e inmobiliaria también está sintiendo el peso de los impuestos.

rdeniz@eluniversal.com