Sugieren prohibir protestas en áreas estratégicas de la nación

Los servicios públicos y empresas básicas serán considerados como estratégicos para la seguridad de la nación, de acuerdo al proyecto de Ley del Proceso Social de Trabajo.

En consecuencia, el borrador de la Ley de Trabajo sugiere la prohibición de organizar, instigar o realizar actividades que afecten el funcionamiento del proceso social en las zonas de seguridad, por ser contrarias al interés de la nación. Plantea un régimen especial sobre las personas, bienes y actividades relativas al proceso de trabajo.

Para las organizaciones sindicales esta disposición constituye una violación al derecho a la protesta. En la Ley Orgánica de Trabajo vigente está contemplado el derecho a la huelga en los servicios públicos, cuando su paralización no cause perjuicios irremediables a la población o a las instituciones.

De concretarse los cambios, Pablo Castro, vocero del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, destaca que se intenta profundizar lo que el movimiento sindical ha venido cuestionando de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que establece pena de 3 a 6 años de prisión a quien organice, instigue paros u huelgas que perturben el funcionamiento de los servicios públicos o la vida económico-social de la República.

La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación incluye entre las zonas de seguridad los corredores de transmisión de oleoductos, gasoductos, acueductos y tendidos eléctricos principales, industrias básicas, estratégicas y los servicios esenciales.

La normativa, que sustituiría en mayo a la actual Ley de Trabajo, destaca que la seguridad de la nación es corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil. Por lo tanto, "es deber de la clase trabajadora incluir los aspectos de la seguridad y de la defensa de la nación desde cada centro laboral en caso de agresión extranjera y desastres naturales". El texto deja claro que la ejecución de los planes estará siempre bajo la orientación de los órganos competentes.

El trabajo dentro del proyecto legal se concibe como el fundamento de la seguridad y defensa de la nación "por ser éste la fuente de los bienes, servicios, conocimiento científico y tecnológico necesarios para la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas".

Los trabajadores que garanticen la disminución de las situaciones de riesgo serán considerados como parte del "sistema de protección civil".