Estudian transformación de la propiedad industrial en social

Patentar las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales constituye un derecho al que recurren sus autores en búsqueda de protección de sus creaciones, sin embargo, con la entrada en vigencia de la nueva Ley del Trabajo la realidad podría ser distinta.

De acuerdo al proyecto de Ley del Proceso Social de Trabajo, documento que vendría a sustituir la normativa laboral actual, "todo conocimiento científico, técnico y tecnológico generado desde el proceso social de trabajo es de propiedad social, de interés nacional y estará al servicio del bienestar de la población".

Aunque la Constitución Nacional, en su artículo 115, garantiza el derecho de propiedad, el borrador de la ley laboral otorga al Estado la facultad para fijar los términos, forma y monto del porcentaje de la participación que tendrán los trabajadores que generen las invenciones.

En el texto se estipula que los trabajadores tendrán derecho a un reconocimiento y a una participación del fruto generado que determine el Estado, "que podrá otorgar concesiones a los fines de su aplicación al proceso de producción de bienes y prestación de servicios para satisfacer necesidades sociales de la población, asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa de la colectividad".

De materializarse estos cambios, el abogado Castor González Escobar señala que el Estado, en su afán intervencionista, pretendería desconocer las reglas según las cuales el investigador y empleador pueden ponerse de acuerdo. A su juicio, el texto supone un desconocimiento del valor de la propiedad industrial para el desarrollo económico y social.

Advierte que este asunto podría convertirse en un inmenso obstáculo para la actividad investigativa. "Todo trabajador que participa en el proceso de investigación al servicio de un tercero, lo hace a cambio de una remuneración o contraprestación. Si ahora el Estado pretende determinar cómo se va a reconocer esa participación es básicamente un desconocimiento a la estructura de un proceso". Agrega que la propiedad industrial, sobre todo en patentes, otorga un derecho de exclusividad limitado en el tiempo, pues se supone que al vencerse se hace de interés público.

El citado borrador establece que la autoformación colectiva, integral, continua y permanente juega un valor fundamental en el proceso laboral, ya que tiene como alcance la formación integral del individuo desde la alfabetización hasta la generación de la ciencia, técnica y tecnología requeridas para consolidar la independencia, soberanía nacional y la profundización de los cambios estructurales que vive la sociedad.

De vieja data

Esta propuesta viene a coincidir con los cambios previstos en la reforma constitucional de 2007, cuando se procuraba la incorporación del concepto de propiedad social, "entendida como aquella que pertenece al pueblo en su conjunto y a las futuras generaciones", y la propiedad colectiva, "asignada a grupos sociales o de personas para su aprovechamiento, uso o goce en comunidad".

A esto se suma la solicitud que hizo en 2009 el presidente Hugo Chávez, cuando autorizó al entonces ministro de Comercio, Eduardo Samán, a iniciar un proceso de cambio en materia de propiedad intelectual. "Nosotros no estamos aquí subordinados a las leyes del capitalismo mundial (...) Las patentes no pueden ser un encadenamiento ni una trampa", dijo.

Tras la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, el tema de la propiedad industrial ha estado en un "limbo jurídico". Hasta 2008, la Decisión 486 de la CAN servía de normativa para el registro de patentes, marcas y diseños industriales. De acuerdo a una decisión del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), se retomó la Ley de Propiedad Industrial de 1955.

yfernandez@eluniversal.com