H&P demandó a Venezuela por taladros expropiados

Venezuela y Petróleos de Venezuela enfrentan otro proceso judicial por la nacionalización de activos del sector hidrocarburos, en particular, de taladros petroleros.

Helmerich & Payne International y Helmerich & Payne de Venezuela (también conocidas como H&P) introdujeron el pasado 23 de septiembre de 2011 una demanda en una corte en el Distrito de Columbia en Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y Petróleos de Venezuela, en reclamo por los daños causados por el Ejecutivo nacional tras la expropiación de 11 taladros de H&P -empresa de origen estadounidense- en junio de 2010.

La acción judicial se conoció a través de un reporte de H&P, donde se indica que la compensación que se busca se basa en "la violación de las leyes internacionales y la ruptura del contrato", en referencia a los servicios que prestaba H&P en la actividad petrolera en el país.

Adicionalmente, Helmerich & Payne dijo participar en dos arbitrajes contra terceros "no relacionados con el Gobierno venezolano o Pdvsa, en un intento para recuperar cerca de 75 millones de dólares por los activos tomados en Venezuela". No se especificó qué empresas o entidades involucran estos arbitrajes.

Por otra parte, Helmerich & Payne indicó que aunque existe la posibilidad de lograr la recuperación del valor de los activos, actualmente no tienen capacidad para determinar en cuánto tiempo o a cuánto ascendería una posible indemnización, si la hubiera; o incluso para precisar la probabilidad de que ello ocurra.

Se suman las acciones

El Gobierno venezolano ordenó el 29 de junio de 2010 la ocupación de 11 taladros de H&P. En aquel entonces, se anunció que Pdvsa asumiría el control de los taladros "así como de los bienes muebles e inmuebles y demás bienhechurías de la empresa asociados a la utilización de los equipos de perforación, y en consecuencia su puesta en operatividad, uso y aprovechamiento necesarios para la perforación de pozos en estructuras geológicas, tanto en el oriente como el occidente del país".

La expropiación, autorizada en Consejo de Ministros, fue precedida por una declaratoria de utilidad pública de los taladros por parte de la Asamblea Nacional.

En el informe que se entregó al Parlamento, se justificaba la expropiación debido a que Helmerich & Payne de Venezuela "mantenía ociosos desde hace un considerable tiempo equipos de perforación", destacando que "la disponibilidad de estos equipos a nivel mundial es muy baja y su utilización es necesaria debido a los altos esfuerzos mecánicos que se requieren para la perforación".

H&P paralizó temporalmente sus actividades de perforación ante las deudas que mantenía Pdvsa. Después de ello, en 2010, tras el desplome de los precios y los ingresos de la industria, Pdvsa solicitó a los proveedores una revisión de las tarifas por servicios. Al no poder alcanzar un acuerdo con H&P, se decidió la expropiación de los taladros.

En junio de 2010 el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, manifestó que se le pagaría a H&P después de establecer el justiprecio entre las partes, aplicando el valor de los activos en los libros contables.

Por otra parte, en septiembre de 2011 el fallecido ex Procurador General Carlos Escarrá había reconocido que su despacho llevaba 28 arbitrajes del Ciadi del Banco Mundial, 20 de la Cámara de Comercio Internacional y otras 20 demandas contra empresas del Estado.