Afinan esquema equilibrado para cálculo de prestaciones

Trabajadores, Estado y empresas privadas comparten una inquietud en torno a la discusión de la Ley Orgánica de Trabajo (LOT) que es el retorno de la retroactividad de las prestaciones, contemplado desde hace 13 años en la Constitución, pero que apenas fue tomado en cuenta hace dos meses.

A medida que se acerca el mes de mayo, tiempo dado para la modificación de la LOT, crece la incertidumbre sobre el esquema que se aplicará para el cálculo retroactivo de las prestaciones. El tema es aún hermético. Existen varias propuestas, pero ninguna aún ha recibido la aprobación de la Comisión Presidencial encargada del marco legal.

No obstante, según fuentes gubernamentales, la propuesta que cobra cada vez mayor fuerza es la de mantener el régimen actual, que establece el depósito de cinco días de sueldo promedio al mes en un fideicomiso, y cuando termine la relación laboral se aplica el cálculo de las prestaciones, sobre la base de 30 días por cada año de servicio y de acuerdo al último sueldo devengado.

Si el resultado supera al total depositado en el fideicomiso, se deberá cancelar la diferencia al trabajador, explican los voceros oficiales.

Se destaca que la idea es combinar las bondades del sistema actual y el que se eliminó en 1997, cuando se anuló el régimen retroactivo.

Esta posición coincide con Carlos Sainz Muñoz, miembro de la Comisión Presidencial, quien ha señalado que esta propuesta se enmarca dentro de un esquema de cálculo que busca un equilibrio.

Actualmente, un trabajador percibe en un fondo cinco días de su salario al mes, es decir, 60 días al año. La posición oficial es que este mecanismo es rentable para los trabajadores de corta duración, con máximo siete años de servicio, porque la brecha salarial no es igual con respecto a una relación laboral de más de ocho años. En este caso, la antigüedad comienza a tomar peso.

Existen organizaciones sindicales como la Unión Nacional de Trabajadores que exigen que el cálculo de las prestaciones sea en base a 60 días, como en el régimen actual, no obstante, de acuerdo a las fuentes gubernamentales así sea con 30 días el trabajador sale favorecido.

Hay que recordar que una de las posiciones de la Comisión Presidencial es elegir el sistema que mejor se adapte a las posibilidades económicas tanto del sector público como privado. Francisco Torrealba, vocero del grupo, ha destacado que de nada sirve aprobar un régimen que luzca ambicioso para los trabajadores, pero incumplible por el patrono.

"Vamos a ser bien responsables en el manejo de este tema. Podemos garantizar desde ya que no va afectar en ninguna manera ni la salud financiera del Estado ni del sector privado, así que puede estar todo el mundo tranquilo", dijo.