Advierten sobre más demandas contra Venezuela en el Ciadi

La salida de Venezuela del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) puede traducirse en nuevas demandas contra la República en esa instancia, según manifestó Diana Droulers, directora ejecutiva del centro de arbitrajes de la Cámara de Comercio de Caracas.

"Si Venezuela dice que no quiere ser más parte del Ciadi todo el que tenga una medio duda, cualquier sospecha va a iniciar una demanda", expresó Droulers en un taller sobre arbitraje.

Droulers explicó que luego de la denuncia del tratado por parte de Venezuela, hecho que el Gobierno nacional formalizó el pasado martes, las empresas transnacionales que sientan alguna lesión en sus inversiones aprovecharán introducir una demanda en el plazo de seis meses que debe cumplirse para que la nación se desligue totalmente del Ciadi.

La Cancillería de la República confirmó ayer en un comunicado de prensa la denuncia del convenio Ciadi. "El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela formalizó el día 24 de enero ante el Banco Mundial, su denuncia irrevocable del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados".

El texto sostiene que la decisión se fundamenta en el artículo 151 de la Constitución, el cual señala que en contratos de "interés público" la resolución de controversias se realizará en el territorio nacional.

"La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 invalida, en su espíritu y en su letra, las disposiciones del mencionado Convenio", dice el comunicado.

Estos criterios coinciden con lo expresado por Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y Minería el pasado lunes. "Se ratifica la decisión soberana de retirarnos del Ciadi. Nuestra Constitución reserva al Estado la soberanía en materia petrolera. Es de interés público y no puede ser sometido (a disputas) fuera de nuestra jurisdicción".

El funcionario agregó que "en materia petrolera, la única instancia son los tribunales de la República, no hay otro, ni siquiera uno nuevo que creemos". "Ningún proyecto petrolero nuevo contempla arbitrajes internacionales", insistió.

Inconsistencias

Para Droulers el comunicado de la Cancillería exhibe las "inconsistencias" del Ejecutivo en materia de arbitrajes. Recordó que fue en el Gobierno de Hugo Chávez cuando se promulgó la ley de protección de inversiones y destacó que la propia Carta Magna, en el artículo 258, establece que "la ley promoverá el arbitraje".

El abogado Luis Alfredo Araque también considera incorrecto basarse en el carácter de "interés público" para abandonar el Ciadi. Araque coincide en que el artículo 151 de la Carta Magna contiene esa disposición. Sin embargo, apunta que no existe una ley que defina lo qué es de "interés público" y que ese carácter a los contratos de inversión se los otorga la Asamblea Nacional (AN), tal y como dice el artículo 150, y no a posteriori como pretende ahora el Ejecutivo nacional.

"Parece lógico pensar que cuando el contrato no ha conllevado tal aprobación, no podría ser calificado de contrato de interés público", sostuvo el autor del libro Manual del Arbitraje Comercial.

De acuerdo a las estadísticas del Ciadi en contra de Venezuela hay una veintena de demandas, asociadas a las expropiaciones que ha realizado el Gobierno nacional desde 2007. A pesar de que a comienzos de año el Presidente de la República aseveró que "nosotros no reconoceremos decisiones de Ciadi", los laudos de ese organismo son de obligatorio cumplimiento.

Droulers advierte que el incumplimiento de los mismos puede generar problemas a la República en el ámbito internacional, especialmente en lo relacionado con las inversiones y activos de empresas como Pdvsa.

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