La extorsión 2.0, un nuevo y lucrativo negocio en medio de la crisis
El escándalo, lo llamativo o ruidoso es lo que genera la mayor atención en el universo 2.0. Las investigaciones más serias registran, mínimo, un 70% de basura en los contenidos en internet. En la web es más fácil decir mentiras que verdades
Siguiendo el ejemplo de ciertos políticos, portales e influencers se dedican a chantajear a los empresarios acusándolos de corrupción. Si pagan ni los tocan. Si se ponen duros les caen encima hasta que se rinden. Son profesionales de la extorsión. Inventan campañas llenas de fake news y no se detienen ante nada. Total, Business is business
Octavio Guerrero
Una de las características principales de esta guerra política que vive el país, es que las batallas se libran fundamentalmente en las redes. En escenarios digitales, en abundantes videos y cadenas de WhatsApp, se puede apreciar no solo lo insensible que son los políticos, también como el discurso anticorrupción ha degenerado en extorsión.
Mientras el oficialismo maneja la base de datos más numerosa del país, el carnet de la patria, la oposición extremista ataca con todas sus fuerzas desde las redes sociales, el único medio de comunicación que no está sujeto a las limitaciones legales que impone el gobierno.
Cada cual dispara desde donde se siente más fuerte. Mientras el gobierno hace cadenas a diario en los medios tradicionales, donde están las grandes mayorías, la oposición radical se concentra en Twitter y WhatsApp habitados casi en exclusividad por la clase media.
A diferencia de la radio o la televisión donde hay que cuidar lo que se dice, en las redes no hay límites. Según disposiciones legales en los medios audiovisuales no se puede llamar a que se produzca una intervención extranjera o a un golpe de Estado. En la web en cambio, se puede hablar de ¨dictadura¨ o calificar a cualquier funcionario de lavado de dinero o narcotraficante sin tener que probar nada.
Lo que a simple vista luce como una pelea desigual, menos del 25% de la población en Venezuela tiene acceso a internet, en la práctica termina siendo lo contrario. La web es el escenario ideal para generar noticias falsas y para lanzar campañas de desprestigio.
El escándalo, lo llamativo o ruidoso es lo que genera la mayor atención en el universo 2.0. Las investigaciones más serias registran, mínimo, un 70% de basura en los contenidos en internet. En la web es más fácil decir mentiras que verdades. Pesa muchísimo más lo emocional que lo racional y eso ayuda a engañar con mayor facilidad.
Estas características de las redes le han permitido a los laboratorios profesionales, imponer un discurso cargado de agresividad y violencia que funciona con absoluta efectividad en los sectores más radicalizados de la política en Venezuela.
Se han filtrado algunos documentos que explican la estructura del oficialismo en las redes. Toda la estructura del PSUV esta instruida para manejar un número alto de cuentas que repiten lo que se dice en cadena nacional o por VTV. Es posible visualizar a diario como en twitter y facebook, desde las cuentas oficiales se posicionan treding topics, líneas discursivas que salen en vivo y en directo desde Miraflores.
En el caso de la oposición hay una enorme variedad de portales e influencers que no paran de llamar a las salidas de fuerza. El laboratorio de mayor peso en el mundo radical es la Comisión Nacional de Comunicaciones, financiada hasta hace unos días, con los fondos que maneja el gobierno interino.
En un tiempo la estructura de mayor fuerza era Panampost. Un portal ubicado en los Estados Unidos y con varias replicas en Latinoamérica. Este portal contaba con alta tecnología y tenía acceso a información confidencial proveniente de los órganos de seguridad norteamericanos. Su financiamiento provenía de grupos conservadores del área, interesados en combatir el auge del comunismo.
Desde el punto de vista político Panampost estaba cuadrado con la oposición radical vinculada a “La Dama de Hierro” María Corina Machado. Por el tipo de material nocivo que publicaba el portal sus dueños terminaron vendiéndolo. En la actualidad Panampost esta dedicado a la difusión de Fake News contra un grupo selecto de empresarios y a despotricar de Juan Guaidó y los suyos por los casos de Monomeros y Citgo.
Aun cuando no se pudo probar, circuló en las redes que el principal accionista de este medio era el banquero venezolano Nelson Mezerhane.
8 MILLONES DE PRESUPUESTO MENSUAL
El control de los activos de Venezuela en el exterior, más las multimillonarias donaciones y recolectas, le permitió a la oposición vinculada a Juan Guaidó, armar una demoledora red de comunicaciones que le ha funcionado como su principal arma política.
A través de la Comisión Nacional de Comunicaciones se ha desarrollado una propaganda muy eficaz que ha logrado vender la imagen de Maduro, en todo el planeta, como un usurpador, capaz de cometer las peores fechorías para mantenerse en el poder.
Igual ha servido este costoso laboratorio de comunicación digital para desacreditar a la oposición moderada a la cual llaman colaboracionista. Masificando etiquetas han desacreditado a quienes compiten por el liderazgo opositor contra el llamado G4. Mientras los alacranes y vendidos son presentados como sumisos al gobierno, Guaidó y Leopoldo López representan la resistencia heroica del pueblo venezolano.
Estos dos laboratorios de propaganda han contado con la colaboración de otros portales cómplices. Según voceros oficiales, Armandoinfo.com, El Efecto Cocuyo, Punto de Corte, AlbertoNews y La Patilla entre otros, forman parte de una estructura comunicacional financiada desde el extranjero. Estos medios digitales funcionan con dinero que proviene en su mayoría de organizaciones vinculadas al Partido Republicano y a los gobiernos conservadores de Europa.
El problema no es que existan medios o periodistas que trabajan para el gobierno o la oposición. En Venezuela se ha desarrollado una mutación de la denuncia política a la extorsión. El ejemplo lo dieron los diputados de la Comisión de Contraloría de la AN 2015. Un grupo de ellos se dedicaban a cobrarle al empresariado venezolano, altas sumas en dólares por emitir documentación certificada para ser utilizada en los Estados Unidos y así evitar cualquier sanción.
Estas cartas de buena conducta servían para evitar que sus portadores fueran incluidos en lista OFAC o Clinton. La Oficina de Prevención de Activos fue creada para prevenir el lavado de dinero en EEUU. Quienes ingresan en ella son sancionados y sus bienes son confiscados por los tribunales de este país.
LA MÁSCARA ANTICORRUPCIÓN
La corrupción ha degenerado la comunicación política en las redes. Escondidas detrás del discurso político se ataca a quienes se sabe tienen recursos. A partir de un dato confidencial o público se construyen noticas falsas o tendenciosas que después se convierten en campañas de desprestigio.
En el mundo empresarial circula una lista contra un grupo de comunicadores o influencers muy reconocidos que se dedican al negocio de la extorsión. Unos se especializan en escribir libros completos, otros a dirigir portales dedicados a la caza de los corruptos.
Amparados en un supuesto discurso ético, chantajean a quienes se niegan a pagar lo que les piden. Si no ceden al chantaje, aparecen en las redes etiquetados como lavadores de dinero o corruptos. Les caen encima por todos lados. Sus víctimas son sometidas a campañas púbicas de desprestigio. Los más conocidos de estos personajes son Leocenis García (Seguros y Banca y albertonews), Juan Carlos Zapata (Alnavio) Miguel Salazar (las Verdades de Miguel) y Patricia Poleo (Factores de poder).
En otra categoría están Ibéyise Pacheco que trabaja directamente para Leopoldo Lopez, Maibort Petit que juega en llave con Casto Ocando, Alek Boyd, Nelson Lara y Sebastiana Barraez. Pero, si de profesionales de la extorsión se trata, nadie iguala a la señora Antonieta Jurado esposa de Miguel Henrique Otero que utilizó al El Nacional para sus negocios turbios y que durante mucho tiempo vivió de los mal llamados bolichicos.
En el negocio de la extorsión vale todo. Igual se producen corridas contra los bancos que campañas de desprestigio contra importantes empresas. No importa el daño familiar o como se afecta la reputación de quienes son víctimas de este juego de mentiras e intereses oscuros. Tampoco el dinero o los trabajos que se pierden. El daño que se le hace a la economía del país es una zoquetada. Lo peor es que no hay legislación o manera de probar cuando la extorsión está en pleno desarrollo.
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