Mediante una resolución conjunta, suscrita por los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Comercio Exterior e Inversión Internacional; y Banca y Finanzas, se “ordena la inmediata suspensión de toda relación económica, comercial y financiera con los sujetos nacionales de la República de Panamá, sobre la base del principio de precaución y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela”.

La suspensión “tendrá un plazo de 90 días, prorrogables por igual período sucesivo, mediante resolución del ministerio de Economía y Finanzas, el cual podrá disponer el levantamiento de la suspensión de manera general o solo respecto de determinados sujetos”, advierte la medida a ser publicada en Gaceta Oficial.

Precisa además que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional (Osfin) deberán adoptar la acciones indispensables para garantizar el establecimiento de controles adecuados que permitan la aplicación de lo dispuesto en la resolución.

Parte y parte

La disposición interministerial ocurre siete días después de que Panamá publicara una lista de 55 funcionarios venezolanos, entre ellos el presidente Nicolás Maduro y a 16 empresas venezolanas, con lo que les queda prohibido hacer cualquier operación comercial o financiera en ese país.

En esta oportunidad, el Gobierno venezolano incluye en su lista a 22 personas naturales, quienes destacan, el presidente panameño, Juan Carlos Valera; la canciller, Isabel de Saint Malo; el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán; la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, entre otros.

En el caso de las personas jurídicas figuran, por citar algunas, la Compañía Panameña de Aviación, Vida Panamá, Supercentro Casanova, Casablanca, Novatex, Pan Colombia Travel, Mays Zona Libre, Motta International, Yamaha Music Latinoamericana, Rattan Zona Libre, Grupo Sport Panamá, Accor Group, Mirgan & Morgan y Banco Banistmo.

El gobierno nacional advierte que en numerosos procesos llevados a cabo por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción han “evidenciado el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dineros y bienes proveniente del delito contra el patrimonio público”.